(Mundo
Microfinanzas) Sucede en muchos eventos que la catarata de exposiciones y
ponencias a las que asistimos, sumado a la cantidad de francas, caóticas,
dispersas, fragmentarias, oídas y protagonizadas conversaciones y
micro-diálogos que se producen en acontecimientos que tienen también mucho de
social, nos obliga a un esfuerzo de síntesis y recapitulación. El desafío de dar
alguna legibilidad a esa masa discursiva concentrada en apenas dos o tres días.
El foro
Lecciones Aprendidas y Perspectivas de la Política de Inclusión Financiera,
organizado por el Banco Central del Ecuador (BCE), que concluyera este sábado
en Quito, no fue la excepción.
Desde
luego, se habló mucho de inclusión financiera. Y precisamente una de las
primeras conclusiones que nos deja este foro -que ha contado con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones
(Fomin)- es que hablar de “inclusión financiera” no tiene mucho sentido si la
expresión se reduce a eso: en mero postulado. A lo sumo, como hipótesis
de consenso.
Pues ¿quién
podría oponerse a que los servicios financieros sean accesibles a todos los
miembros de una sociedad? Adjúntese el calificativo que se quiera a la palabra “inclusión”
y obtendrá, seguramente, un compuesto semántico llamado a convocar unanimidades.
Lo que se trata es de convertir aquella hipótesis de consenso en una práctica efectiva
y ejecutable (un “inédito viable”, en palabras de Paulo Freire).
Y de lo que
se trata es que esa inclusión financiera se enmarque en políticas públicas
coherentes y articuladas. Eso también nos enseñó el foro. Una buena manera de
inmunizarnos contra todo exceso de lirismo, contra toda efusión magnánima pero
vacua, es imbricar programáticamente la meta de inclusión en todos los órdenes
de intervención pública: normativo, reglamentario, institucional, educativo. Afortunadamente
hemos visto que hay buenas experiencias en América Latina, comenzando por Ecuador.
Como dijo
Verónica Albarracín, gerente general de la cooperativa ecuatoriana Maquita Cushunchic, en el último panel del foro, “la inclusión financiera tiene que ser
de calidad”.
Algo más:
Quito también nos dejó la constatación de que se puede hablar de inclusión
financiera desde diversos enfoques ideológicos. Uno que podríamos llamar el
enfoque “de la sostenibilidad”, que hace prevalecer ideas de estabilidad,
solidez financiera, gestión, confianza en el rol asignador de recursos del
mercado. Y otro que podríamos llamar “de la solidaridad”, que enfatiza en ideas
de inversión contracíclica, balance social, participación, confianza en que los
beneficios son inherentes a toda empresa de hombres que comparten sin egoísmos un
mismo fin.
El foro del
BCE nos mostró muy buenas argumentaciones desde uno y otro polo. Y también los
riesgos a que se exponen ambas: la una a transformarse en receta, la otra en
petición de principio (caricatura o falacia). Anotamos que el proyecto unánime
de la inclusión financiera, en realidad, no sólo admite matices sino que también puede poner
de manifiesto intereses en pugna. ¿Son conciliables la sostenibilidad y la
solidaridad?
Ecuador se
presenta como un laboratorio a verificar si este último interrogante puede ser
respondido de manera afirmativa. La reciente ley orgánica de la economía
popular y solidaria, que institucionaliza un tercer sujeto económico -junto a
la economía pública y la privada-, propone el desafío de ver si esta heterogeneidad
de actores puede coexistir sin mayores tensiones y realimentarse en un proyecto
nacional de desarrollo. Los ejes de tensión son más complejos que la mera
competencia de "naturalezas" entre bancos y cooperativas (hay que preguntar a algunos gerentes cooperativistas
ecuatorianos si se sienten realizados ahora que pasarán a ser supervisados por
la flamante Superintendencia de la Economía Solidaria). En tal sentido, el
banco central deberá cumplir una función cohesionadora fundamental.
En oportunidad
de la clausura del foro, la gerente general del BCE, Ruth Arregui, remarcó que
el banco está recuperando su liderazgo financiero tras el proceso de
dolarización de la economía con posterioridad a la crisis de fines de los ’90.
Y recordó que la condición exclusiva del BCE como agente del gobierno en la
formulación de política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tiene
rango constitucional, a partir del texto de 2008. En el nuevo escenario
financiero ecuatoriano, su rol seguramente tendrá mucho de mediador de
intereses. Y su política de inclusión financiera, cuyos lineamientos animaron
la discusión durante la conferencia, tendrá que responder a la necesidad de
hacer sostenible a la solidaridad, y solidaria a la sostenibilidad.
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