Ley de inclusión financiera divide aguas. Los
senadores que responden al oficialista Frente Amplio sancionaron este jueves,
por 16 votos sobre 22 posibles, la Ley de Inclusión Financiera y Uso de Medios de Pago Electrónico, mediante la cual se establece la obligatoriedad de pago de
salarios a trabajadores en relación de dependencia -cualquiera sea su
empleador- a través de cuentas en instituciones intermediarias financieras o instrumentos
de dinero electrónico, crea subsidios en el ahorro destinado a jóvenes para la
compra de viviendas y rebaja gradualmente el IVA a productos financieros, entre
otras innovaciones. El senador frenteamplista Rafael Michelini dijo que la
nueva ley implicará un cambio revolucionario para una cultura económica todavía
dominada por el cash, multiplicará por cuatro el mercado de créditos baratos y
mejorará la posibilidad de acceso al financiamiento para el quintil más bajo de
la población.
La iniciativa del gobierno desató polémicas: “Esto es beneficioso para
los usuarios del sistema, pero es necesario que ese beneficio sea sustentable
para las instituciones y no les signifique solamente un costo sino que, por lo
menos, haya un equilibrio en el negocio de la inclusión financiera”, opinó el
director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU),
Jorge Ottavianelli. La ley también es cuestionada por las cooperativas
financieras, aunque desde otro ángulo: “Esta iniciativa parece limitar el
concepto de la inclusión financiera, relacionando el acceso a los servicios
financieros de la gente únicamente a los bancos. Esa política se contradice con
las mejores prácticas internacionales en materia de inclusión o profundización,
en las cuales ha sido fundamental la promoción a una participación amplia de
agentes financieros surgidos de la economía social, para llegar con eficiencia
a los sectores de población y las áreas geográficas donde los bancos
tradicionales no llegan”, aportó la Federación Uruguaya de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (Fucac), a través de una nota editorial publicada en su portal
bajo el título “Inclusión financiera o bancarización?”.
En Treinta y Tres, lanzan Programa de Desarrollo de Proveedores.
Autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de
Industria (MIEM) y la intendencia del departamento de Treinta y Tres lanzaron
este miércoles el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), una
herramienta que procura la integración de las cadenas de valor para una mejor
distribución de la riqueza en los territorios. En la oportunidad, el coordinador del Área de Políticas Territoriales
de la OPP, Marcos Otheguy, destacó que la incorporación de
los emprendedores locales a las cadenas de valor de las grandes empresas del
Departamento consigue un mayor derrame de la riqueza en los territorios,
generando más impacto en la región.
El PDP fortalece
los encadenamientos productivos entre las empresas y sus proveedores para, de
este modo, mejorar la competitividad de la cadena de valor de las firmas
dedicadas a la soja, el arroz, el cemento, la biomasa forestal, así como las
relacionadas al puerto de La Charqueada, sobre el río Cebollatí, próximo a la
frontera con Brasil. Otheguy aseguró que este tipo de intervenciones deben ser
multidimensionales con la participación del Estado, las empresas privadas y la
propia comunidad.
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| Fernando Calloia (foto: Alide) |
Consolidación
del BROU como banco de desarrollo, en la despedida de Calloia. El ex presidente
del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Fernando Calloia,
destacó en su carta de renuncia dirigida al presidente José Mujica la
consolidación de la entidad como banco de desarrollo y la “acción decidida”
detrás de la inclusión financiera, las microfinanzas y la promoción del
desarrollo económico, como algunos de los principales hitos de su gestión
al frente del BROU. Calloia, junto con el ex ministro de Economía Fernando
Lorenzo, se vieron forzados a renunciar a sus cargos tras dictarse el
procesamiento sin prisión contra ambos funcionarios por abuso de funciones en
la denominada “causa Pluna”, que investiga irregularidades en la quiebra de la
ex compañía aérea de bandera uruguaya.
En su carta a
Mugica, el economista dijo que durante su gestión iniciada en marzo de 2005 se
logró revertir una situación de “extrema vulnerabilidad” del banco, que llevó a “enfrentar
seguramente el inicio de una de las presidencias más difíciles en la historia
de la institución, a saber: patrimonio en niveles mínimos, depósitos
reprogramados a tres años con cuotas a vencer, garantía estatal sobre el saldo
de créditos morosos por un monto superior al patrimonio contable, elevados
niveles de morosidad a pesar de haberse fideicomitido la totalidad de los
créditos morosos en el año previo, entre otros aspectos de compleja resolución”. Como sucesor de Calloia asumió este
lunes el contador Julio Porteiro, junto con nuevos miembros del directorio, ocasión en la que declaró que los cien años de historia del BROU avalan la importancia que tiene para
Uruguay por ser el soporte sistemático del desarrollo productivo y del
financiamiento productivo y social del país.
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