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| Rosa Matilde Guerrero, presidente de Finanzas y Cooperativas, destaca aspectos positivos y negativos del proyecto del gobierno de Ecuador. |
(Mundo
Microfinanzas) Un cruce de opiniones a favor y en contra ha desatado el
proyecto de Código Monetario y Financiero, remitido “con carácter de urgente”
por el gobierno ecuatoriano a la Asamblea Nacional unicameral, desde quienes lo
defienden como un fundamento para el desarrollo productivo del país hasta
quienes lo defenestran como iniciativa que procura consagrar una “cuasi
estatización de la banca”.
Para
la presidente de la consultora Finanzas y Cooperativas, Rosa Matilde Guerrero, el
proyecto contiene elementos positivos y otros “que se alejan de las lecciones
aprendidas en otros países”. En contacto con Mundo Microfinanzas, Guerrero
destacó el sentido ordenador del proyecto pero alertó que “no es beneficioso
confundir la capacidad normativa con la ejecutiva”, por lo que recomendó “esclarecer
los alcances y funciones del organismo”.
Tal
como fue enviado por el gobierno, el proyecto integra en un solo órgano la
regulación monetaria y financiera, actualmente dispersa en varias
instituciones. La iniciativa consta de 506 artículos, 13 disposiciones
generales, 37 reformatorias y derogatorias, 35 transitorias y 3 finales. Está
dividido en tres libros: De los Sistemas Monetario y Financiero; de Régimen de
Valores; y de Régimen de Seguros.
A
juicio de Guerrero, el ambicioso proyecto contiene como puntos sensibles la
gobernabilidad del sector financiero, la instrumentación de la política
monetaria (“asunto que en una economía dolarizada por lo menos llama la atención”)
y la supervisión del sistema financiero, el mercado de valores, de seguros, la
economía popular y solidaria y la banca pública.
La
titular de Finanzas y Cooperativas -entidad de servicios a microfinanzas y
cooperativas que opera en México, Honduras, Panamá, Guatemala, Ecuador y
Colombia- dijo que el capítulo referido a la instrumentación de la política
monetaria e inversión de excedentes de liquidez del Banco Central del Ecuador
(BCE) resulta algo “contradictorio” en una economía dolarizada, como la de
Ecuador.
“La
dolarización, como se conoce, es un proceso por el cual un país adopta la moneda
estadounidense para usarla en sus transacciones económicas domésticas, y esta
moneda es percibida por las personas con todas sus funciones de reserva de
valor, unidad de cuenta y medio de pago. Y en una economía dolarizada
justamente una de las ‘desventajas’ es la ausencia del prestamista de última
instancia, de política monetaria, de administración cambiaria”, señaló
Guerrero.
Por
otra parte, ella advirtió que algunos de los cambios propuestos por el
Ejecutivo podrían debilitar la Red de Seguridad Financiera (RSF), creada en
2008 por la actual gestión de gobierno. En particular puntualizó la
coexistencia del fondo de liquidez o prestamista de última instancia (PIU) y el
fortalecimiento de los mecanismos de liquidez del BCE, así como la ampliación
del plazo del crédito a 360 días que puede dar este PIU.
“Por
lecciones aprendidas en otros países, conocemos que algunas de las características
de estos PIU son asistir a instituciones financieras solventes y bien
administradas; otorgar préstamos de corto o mediano plazo a tasas penalizadas;
poner límites a la asistencia usando procedimientos claros y preestablecidos y
poseer una capacidad de respuesta rápida y oportuna”, consideró Guerrero.
Finalmente,
la experta destacó como un hecho positivo la
inclusión de las cooperativas de ahorro y crédito dentro de mecanismos como el
Fondo de Liquidez y Seguro de Depósito. No obstante, señaló que hacen falta
algunas precisiones sobre inversión de excedentes de liquidez y montos
protegidos a los asociados/depositantes “por la relevancia que este sector tiene
en los procesos de inclusión financiera a nivel local”.
Un
proyecto que divide aguas
Para
el presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional,
Oswaldo Larriva, motorizador del proyecto, los cambios propuestos apuntan a “potenciar
la generación de trabajo, la producción de riqueza, su distribución y
redistribución”, así como “asegurar que el ejercicio de las actividades
monetarias, financieras, de valores y seguros sea consistente e integrado” y
contribuya “al cumplimiento del programa económico”.
El
ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, resaltó por su
parte dos aspectos de la propuesta: el fortalecimiento de control en el sistema
financiero y el establecimiento de incentivos a la producción con medidas
adecuadas para viabilizar mayores créditos de largo plazo.
Desde
una visión opuesta, el presidente de la Asociación de Bancos Privados del
Ecuador (ABPE), César Robalino, dijo que el proyecto es ofensivo para este sector,
pues instaura cambios radicales con efectos negativos para la banca, que pueden
crear incertidumbre en los mercados y agentes económicos.
Si
bien el gobierno plantea la defensa del sistema monetario de la dolarización, el
banquero ecuatoriano se manifestó preocupado por la “reducción drástica de la
libertad de decisiones que debe tomar el gerente general para evaluar los
posibles riesgos de inversión”. “Convertir el servicio bancario privado en
servicio público generaría una serie de inconvenientes, pues la banca se
debilitaría, porque no van a crecer los patrimonios”, aportó Robalino, quien
agregó que “si se aprueba tal como está el proyecto será una cuasi estatización
de la banca”.
La
Asamblea Nacional continuará en los próximos días con su agenda de consulta a
distintos sectores y socialización del proyecto. El pleno del cuerpo
legislativo tiene tiempo hasta el 24 de julio para aprobar o rechazar la
iniciativa.
