(Mundo
Microfinanzas, en Quito) La inauguración del foro Lecciones Aprendidas y Perspectivas de la Política de Inclusión Financiera, que organiza el Banco
Central del Ecuador (BCE) en esta capital, fue caja de resonancia de cierta
inquietud -por no decir descontento- de parte del sistema financiero
ecuatoriano con algunas reformas que impulsa el gobierno encabezado por el
presidente Rafael Correa.
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| Fidel Durán |
En
particular, algunos ponentes se refirieron a medidas que consideraron
equivocadas del gobierno, como la ley que sacó del juego a los burós privados
de crédito o la fijación de techos a las tasas de interés de los microcréditos,
y aseguraron que estas intervenciones conspiran contra los objetivos de la política
de inclusión financiera.
La gerente
general del BCE, Ruth Arregui, dio la bienvenida a los más de 400 asistentes al
foro y agradeció la presencia de expertos nacionales e internacionales, así como
el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral
de Inversiones (Fomin) para la realización del evento.
La ministra
coordinadora de la Política Económica, Jeannette Sánchez Zurita, habló en
representación del presidente Correa y dijo que la inclusión financiera es para
el gobierno un tema “clave y estratégico” para superar los problemas de pobreza
y desigualdad pendientes en el país.
La
funcionaria felicitó al BCE por la “amplísima convocatoria” del foro, destacó
los avances del Ecuador en inclusión financiera pero reconoció que en algunos
indicadores el país está distante del promedio en la región. No obstante
subrayó que fue en los últimos años que el país hizo visible esta problemática
y mencionó la coexistencia de distintos sistemas que formalizan la
intermediación financiera: el sistema bancario, las finanzas públicas y el
recientemente creado sistema de finanzas populares y solidarias.
Dijo que, a
pesar de los avances en formalización, persisten los mecanismos de
financiamiento ilegal (el “chulco”, como se lo conoce en Ecuador) que incluso
ahora ha entrado en sectores de la clase media, según la ministra.
El
representante del BID en Ecuador, Miguel Taborga, hizo un breve repaso de su
experiencia como pionero de las microfinanzas en Bolivia, al frente de la
organización Prodem, luego germinada en BancoSol. “Nos decían que estábamos
locos cuando proponíamos dar créditos de 200 dólares”, recordó. Hoy BancoSol
tiene una cartera de US$ 700 millones y 570 mil depositantes, dijo Taborga.
Luego destacó
la trayectoria del BID en microfinanzas y anunció que el banco acaba de
efectivizar un primer crédito de US$ 50 millones para el fortalecimiento de
instituciones de las finanzas populares, en el marco del programa de apoyo al
programa de inclusión financiera del BCE.
Manuel
Malaret, director de Promoción de Pymes y Microempresas de la CAF, dijo que el
90% de las empresas en América Latina y el Caribe son mipymes, que representan
el 61% del total de empleos en la región y el 28% del PIB.
Sin
embargo, señaló que aún hay mucho por hacer en materia de bancarización, pues la
mitad de la población latinoamericana no tiene una cuenta bancaria y apenas el
14% de los microempresarios acceden al financiamiento formal. También encareció
por reformas que apunten a un mayor desarrollo de la región pues la actual
bonanza “es a costa de la primarización de nuestra economía”, alertó.
A su turno,
la consultora internacional y experta en mercados financieros, Rosa Matilde
Guerrero, abogó por la necesidad de incentivar el ahorro en las capas más bajas
de la sociedad y urgió a las instituciones financieras a “reinventarse”. La
delegada por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) urgió a los bancos e
instituciones del sistema financiero a cambiar plataformas tecnológicas, crear
canales accesibles y cómodos para el usuario, mejorar la capilaridad a bajo
costo, cambiar las metodologías de evaluación de riesgo y simplificar las
exigencias para la apertura de cuentas, entre otras acciones.
En la parte
más política de su conferencia, Guerrero expresó sus dudas por la decisión del
gobierno de acabar con las centrales de riesgo privadas y dijo que es necesario
garantizar la recopilación y transparencia de información para las operaciones
crediticias de todo el sistema financiero. También cuestionó los topes a las
tasas de interés, afirmando que ellos alientan “incentivos perversos”.
Finalmente,
celebró que Ecuador se haya dado una política amplia y comprehensiva de
inclusión financiera, que comprenda los niveles macro, meso y micro. Ella citó
datos del Global Findex del Banco Mundial para decir que su país está cerca del
promedio de América Latina, lo que se explica en gran medida por las
cooperativas. Y dijo que 25 cantones de un total de 221 no tienen presencia del
sistema financiero.
Marcos
normativos para la inclusión
Luego de
estas exposiciones, dio comienzo el primer foro sobre “Marco normativo de la
inclusión financiera: Las experiencias de Perú, Ecuador y Guatemala”. El panel,
moderado por el académico ecuatoriano Simón Cueva, contó con las intervenciones
de Narda Sotomayor, jefa del departamento de Microfinanzas de la
Superintendencia de Banca Seguros y AFP del Perú (SBS); Ana María Carrasquilla,
directora ejecutiva del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR); Ruth Arregui,
gerente general del BCE; Fidel Durán, vicepresidente de Microfinanzas de Banco Solidario del Ecuador y Jorge Eduardo Soto, supervisor del área Normativa
Prudencial, de la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB).
Carrasquilla
explicó el papel del FLAR en la estabilidad financiera de la región y señaló
que para una política monetaria más efectiva se necesita un mayor grado de
profundización financiera. Expresó el deseo de la entidad por ampliar su
representatividad en América Latina (actualmente constituye un pool de reservas
de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela).
Sotomayor hizo
una exposición donde señaló los principales hitos de la regulación peruana
orientada a la inclusión financiera. Entre otros la incorporación de las microfinancieras especializadas al sistema financiero (1996), la primera regulación sobre la actividad de microcrédito (1997), la habilitación de los cajeros
corresponsales (2005), regulación de microseguros (2007), oficinas móviles y
compartidas, a través de ventanillas en la amplia red del Banco de la Nación
(2008), régimen simplificado de cuentas básicas (2011) y dinero electrónico
(2012, próxima sanción legislativa). Insistió en la idea de que “inclusión sin
estabilidad no es sostenible” y sentó la política de la SBS de regular “para
todas las instituciones financieras, sean cooperativas o no”.
Arregui
destacó el fortalecimiento del sistema nacional de pagos del Ecuador, como uno
de los puntales en la estrategia de inclusión financiera. En tal sentido
subrayó el rol de las cooperativas de ahorro y crédito. Dijo que en la
actualidad hay 200 COACs integradas al SNP que participan de una red
transaccional cada vez de mayor alcance.
Durán
realzó la condición de Banco Solidario como una de las entidades privadas
pioneras en microfinanzas del Ecuador. Su exposición -de tono fuertemente
crítico- vino a poner en duda los avances de inclusión financiera en el país en
los últimos cinco años. Valiéndose de datos del Microscopio, la publicación anual de
la Economist Intelligence Unit, propuso como conclusión que en el último lustro
lo único que creció fue el tamaño de crédito promedio a una misma hipotética masa de
clientes, con el consecuente riesgo de un sobreendeudamiento en puertas. Durán elogió, en cambio, el diseño de la política de inclusión financiera del BCE.
Para
cerrar, Soto expuso la experiencia guatemalteca e historió una serie de hitos
en el camino de una regulación progresivamente favorable a la inclusión.
Mencionó las garantías mobiliarias para el microcrédito, la resolución sobre agentes
bancarios o corresponsales no bancarios, la comercialización masiva de seguros,
el formulario simplificado para contrataciones bancarias, entre otros. Como
resultados, consignó que en la actualidad hay en Guatemala 3.462 agentes en
5.627 establecimientos comerciales y cinco bancos ya cuentan con sus propias
redes de agentes o corresponsales. Adelantó que posiblemente en febrero o marzo
próximo el gobierno eleve al parlamento el proyecto de ley de entidades de
microfinanzas, entre otras iniciativas (Mundo Microfinanzas ampliará estas
ponencias, en algunos casos con entrevistas a los expertos, a partir de la
próxima semana).
La jornada
del viernes del foro del BCE continuará con las sesiones de supervisión por
riesgo para las COACs, alfabetización y educación financiera y sistemas de
pagos.
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