(Mundo Microfinanzas) El gobierno corporativo
fue identificado como una de las debilidades de las cooperativas de ahorro y
crédito desde la perspectiva de una supervisión por riesgos que apunte a la
inclusión financiera.
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| Rodrigo Aucay (foto: UTPL) |
Así
coincidieron integrantes del panel ¿Es necesario un sistema de supervisión
por riesgo para las COACs que hacen inclusión financiera?, realizado este
viernes en Quito en el marco del foro Lecciones aprendidas y perspectivas de la política de inclusión financiera, organizado por el Banco Central del Ecuador
(BCE), con apoyo del BID y el Fomin.
Motivo de
creciente interés y estudio en el sector de las microfinanzas a nivel global,
el gobierno corporativo ha sido destacado también en recientes investigaciones de
la Plataforma Europea de Microfinanzas (e-MFP) como uno de los factores que,
bien administrado, ha contribuido al desarrollo y a una mayor penetración rural
de cooperativas financieras en países en desarrollo.
Participaron
del panel Hugo Jácome Estrella, superintendente de la Economía Popular y
Solidaria del Ecuador; Jorge Flores Padilla, superintendente de Bancos de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS); Alexander Arriola, intendente
de la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica (Sugef) y
Clemente Rodrigo Aucay, presidente de la Red Nacional de Finanzas Populares y
Solidarias del Ecuador (Renafipse) y gerente general de Coopera Ltda.
Ecuador
Jácome
destacó la importancia de la supervisión para el fortalecimiento de la
democracia, la cooperación y la solidaridad propias de las instituciones
cooperativas, así como en la posibilidad de mejorar los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas de los administradores hacia los socios y
el involucramiento activo de los socios en la toma de decisiones.
La flamante
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador (SEPS) tendrá
bajo supervisión a 981 cooperativas de ahorro y crédito y cerca de 12 mil
organizaciones del sector comunitario (incluye cajas y bancos comunales). La
evaluación tendrá una intensidad según perfiles de riesgo detectados ex ante y
adoptará una metodología de balance social que acredite el cumplimiento de los
principios y objetivos cooperativos.
La
supervisión por riesgos -de tipo preventivo, que busca superar los modelos
tradicionales de verificación de cumplimiento de normas y reglamentos- contribuye
a que las cooperativas sigan cumpliendo con los procesos de inclusión
financiera, promoviendo la transparencia, asegurando el ahorro de sus socios e
incrementando la confianza en el sector, explicó Jácome.
Y enfatizó
que la supervisión se orienta no sólo a una evaluación financiera sino también
de balance social, velando que exista un equilibrio entre la provisión de una
gama amplia de servicios financieros y acceso de los sectores de mayor pobreza.
Honduras
Flores
Padilla comentó que Honduras está avanzando hacia un entorno regulatorio (se
trabaja en un proyecto de ley) que favorezca el crecimiento sostenible del
sector cooperativo y proteja el ahorro de los afiliados. Hay 234 cooperativas en
Honduras, con más de 730 mil afiliados, que representan el 5,2% de los activos del
sistema bancario.
El directivo
subrayó el aporte que puede hacer el sector a la inclusión financiera: el 22 %
de la población vive en municipios sin cobertura. 194 municipios -en su mayoría
muy pequeños- no tienen cobertura contra 104 que sí lo tienen. En 13 municipios
hay cobertura única por parte de cooperativas y en 3 sólo de organizaciones
privadas de desarrollo financieras (OPDFs, una singularidad institucional hondureña).
Junto con
TICs y gestión de liquidez y riesgos, el gobierno cooperativo es visualizado como
una debilidad del sector. Específicamente, Flores consignó la necesidad de una
definición precisa de funciones y responsabilidades de la asamblea general,
junta directiva, junta de vigilancia y gerente general.
Propuso un
modelo de supervisión especializada, por niveles de intensidad en función del
riesgo sistémico que representan las entidades. Y reconoció el papel que puede tener
esta supervisión en la lucha contra la pobreza. “El tema es cómo lo hacemos”, recalcó.
Hizo hincapié en transparencia y protección del usuario: las tasas (pactadas
libremente, sin topes) tienen que incorporar todos los costos de la operación y
publicarse en ventanillas a la vista del público.
Costa Rica
Con más de
453 mil afiliados, 30 cooperativas son supervisadas por la Sugef (8,3 % de los
activos totales de un sistema financiero donde predomina la banca pública). Los
indicadores del sector son muy buenos: suficiencia patrimonial por encima del
promedio del sistema financiero y los indicadores de morosidad más bajos del
sistema (0,82% en septiembre de 2012).
De las 30
cooperativas controladas, las cinco más grandes (equivalen a un banco pequeño) se
han adaptado bien al esquema de supervisión por riesgos que, como se sabe, implica
visitas in situ además del relevamiento de información externo. Con las otras
25, la Sugef dedica mayor tiempo de capacitación y asesoramiento.
De acuerdo con
Arriola, el gobierno corporativo es visto como debilidad: asamblea de delegados
poco dinámica, consejo de administración con limitado conocimiento técnico,
excesiva influencia de la figura del presidente o gerente y conformación restringida
de comités especializados.
En la
presentación del directivo costarricense se han señalado significativos
niveles de rentabilidad del sector producto de un buen manejo de estas instituciones lo que, más allá de su filosofía cooperativa, resulta muy positivo para su sostenibilidad a largo plazo.
Ecuador
En tanto,
el presidente de Renafipse destacó el rol de las finanzas populares y
solidarias en el desarrollo local, fomento del ahorro, inclusión productiva
rural y redistribución del ingreso.
Aucay
propuso un modelo de supervisión auxiliar -con resonancias del conocido modelo
alemán-, que abra procesos de alerta temprana y supervisión de campo. Junto a
ello, un esquema de control interno que contemple desempeño social y financiero,
y donde el tema gobierno cooperativo es señalado como talón de Aquiles sobre el
cual es necesario trabajar.
Entre los
controles, distinguió aquellos que se efectúan previamente (preventivos y
mitigadores de riesgos), concurrentes (durante la transaccionalidad) y
posteriores (auditoría interna y externa). En cada uno de estos procesos hace
falta verificar quién hace, cómo lo hace, los tiempos que demanda y los sistemas
de reporte.
El
directivo realzó al sector de las finanzas populares y solidarias como actor político:
“Hoy inciden los capitales. Nosotros tenemos que revertir eso: que sean las
personas y no los capitales los que incidan políticamente”.
El panel
fue moderado por Miguel Arango, ejecutivo principal, vicepresidencia de Sectores
Productivo y Financiero de la CAF.
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