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viernes, 30 de noviembre de 2012

Ecuador: Finanzas inclusivas y contrapuntos políticos en apertura del foro BCE


(Mundo Microfinanzas, en Quito) La inauguración del foro Lecciones Aprendidas y Perspectivas de la Política de Inclusión Financiera, que organiza el Banco Central del Ecuador (BCE) en esta capital, fue caja de resonancia de cierta inquietud -por no decir descontento- de parte del sistema financiero ecuatoriano con algunas reformas que impulsa el gobierno encabezado por el presidente Rafael Correa.

Fidel Durán
En particular, algunos ponentes se refirieron a medidas que consideraron equivocadas del gobierno, como la ley que sacó del juego a los burós privados de crédito o la fijación de techos a las tasas de interés de los microcréditos, y aseguraron que estas intervenciones conspiran contra los objetivos de la política de inclusión financiera.

La gerente general del BCE, Ruth Arregui, dio la bienvenida a los más de 400 asistentes al foro y agradeció la presencia de expertos nacionales e internacionales, así como el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) para la realización del evento.

La ministra coordinadora de la Política Económica, Jeannette Sánchez Zurita, habló en representación del presidente Correa y dijo que la inclusión financiera es para el gobierno un tema “clave y estratégico” para superar los problemas de pobreza y desigualdad pendientes en el país.

La funcionaria felicitó al BCE por la “amplísima convocatoria” del foro, destacó los avances del Ecuador en inclusión financiera pero reconoció que en algunos indicadores el país está distante del promedio en la región. No obstante subrayó que fue en los últimos años que el país hizo visible esta problemática y mencionó la coexistencia de distintos sistemas que formalizan la intermediación financiera: el sistema bancario, las finanzas públicas y el recientemente creado sistema de finanzas populares y solidarias.

Dijo que, a pesar de los avances en formalización, persisten los mecanismos de financiamiento ilegal (el “chulco”, como se lo conoce en Ecuador) que incluso ahora ha entrado en sectores de la clase media, según la ministra.

El representante del BID en Ecuador, Miguel Taborga, hizo un breve repaso de su experiencia como pionero de las microfinanzas en Bolivia, al frente de la organización Prodem, luego germinada en BancoSol. “Nos decían que estábamos locos cuando proponíamos dar créditos de 200 dólares”, recordó. Hoy BancoSol tiene una cartera de US$ 700 millones y 570 mil depositantes, dijo Taborga.

Luego destacó la trayectoria del BID en microfinanzas y anunció que el banco acaba de efectivizar un primer crédito de US$ 50 millones para el fortalecimiento de instituciones de las finanzas populares, en el marco del programa de apoyo al programa de inclusión financiera del BCE.

Manuel Malaret, director de Promoción de Pymes y Microempresas de la CAF, dijo que el 90% de las empresas en América Latina y el Caribe son mipymes, que representan el 61% del total de empleos en la región y el 28% del PIB.

Sin embargo, señaló que aún hay mucho por hacer en materia de bancarización, pues la mitad de la población latinoamericana no tiene una cuenta bancaria y apenas el 14% de los microempresarios acceden al financiamiento formal. También encareció por reformas que apunten a un mayor desarrollo de la región pues la actual bonanza “es a costa de la primarización de nuestra economía”, alertó.

A su turno, la consultora internacional y experta en mercados financieros, Rosa Matilde Guerrero, abogó por la necesidad de incentivar el ahorro en las capas más bajas de la sociedad y urgió a las instituciones financieras a “reinventarse”. La delegada por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) urgió a los bancos e instituciones del sistema financiero a cambiar plataformas tecnológicas, crear canales accesibles y cómodos para el usuario, mejorar la capilaridad a bajo costo, cambiar las metodologías de evaluación de riesgo y simplificar las exigencias para la apertura de cuentas, entre otras acciones.

En la parte más política de su conferencia, Guerrero expresó sus dudas por la decisión del gobierno de acabar con las centrales de riesgo privadas y dijo que es necesario garantizar la recopilación y transparencia de información para las operaciones crediticias de todo el sistema financiero. También cuestionó los topes a las tasas de interés, afirmando que ellos alientan “incentivos perversos”.

Finalmente, celebró que Ecuador se haya dado una política amplia y comprehensiva de inclusión financiera, que comprenda los niveles macro, meso y micro. Ella citó datos del Global Findex del Banco Mundial para decir que su país está cerca del promedio de América Latina, lo que se explica en gran medida por las cooperativas. Y dijo que 25 cantones de un total de 221 no tienen presencia del sistema financiero.

Marcos normativos para la inclusión

Luego de estas exposiciones, dio comienzo el primer foro sobre “Marco normativo de la inclusión financiera: Las experiencias de Perú, Ecuador y Guatemala”. El panel, moderado por el académico ecuatoriano Simón Cueva, contó con las intervenciones de Narda Sotomayor, jefa del departamento de Microfinanzas de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP del Perú (SBS); Ana María Carrasquilla, directora ejecutiva del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR); Ruth Arregui, gerente general del BCE; Fidel Durán, vicepresidente de Microfinanzas de Banco Solidario del Ecuador y Jorge Eduardo Soto, supervisor del área Normativa Prudencial, de la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB).

Carrasquilla explicó el papel del FLAR en la estabilidad financiera de la región y señaló que para una política monetaria más efectiva se necesita un mayor grado de profundización financiera. Expresó el deseo de la entidad por ampliar su representatividad en América Latina (actualmente constituye un pool de reservas de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela).

Sotomayor hizo una exposición donde señaló los principales hitos de la regulación peruana orientada a la inclusión financiera. Entre otros la incorporación de las microfinancieras especializadas al sistema financiero (1996), la primera regulación sobre la actividad de microcrédito (1997), la habilitación de los cajeros corresponsales (2005), regulación de microseguros (2007), oficinas móviles y compartidas, a través de ventanillas en la amplia red del Banco de la Nación (2008), régimen simplificado de cuentas básicas (2011) y dinero electrónico (2012, próxima sanción legislativa). Insistió en la idea de que “inclusión sin estabilidad no es sostenible” y sentó la política de la SBS de regular “para todas las instituciones financieras, sean cooperativas o no”.

Arregui destacó el fortalecimiento del sistema nacional de pagos del Ecuador, como uno de los puntales en la estrategia de inclusión financiera. En tal sentido subrayó el rol de las cooperativas de ahorro y crédito. Dijo que en la actualidad hay 200 COACs integradas al SNP que participan de una red transaccional cada vez de mayor alcance.

Durán realzó la condición de Banco Solidario como una de las entidades privadas pioneras en microfinanzas del Ecuador. Su exposición -de tono fuertemente crítico- vino a poner en duda los avances de inclusión financiera en el país en los últimos cinco años. Valiéndose de datos del Microscopio, la publicación anual de la Economist Intelligence Unit, propuso como conclusión que en el último lustro lo único que creció fue el tamaño de crédito promedio a una misma hipotética masa de clientes, con el consecuente riesgo de un sobreendeudamiento en puertas. Durán elogió, en cambio, el diseño de la política de inclusión financiera del BCE.

Para cerrar, Soto expuso la experiencia guatemalteca e historió una serie de hitos en el camino de una regulación progresivamente favorable a la inclusión. Mencionó las garantías mobiliarias para el microcrédito, la resolución sobre agentes bancarios o corresponsales no bancarios, la comercialización masiva de seguros, el formulario simplificado para contrataciones bancarias, entre otros. Como resultados, consignó que en la actualidad hay en Guatemala 3.462 agentes en 5.627 establecimientos comerciales y cinco bancos ya cuentan con sus propias redes de agentes o corresponsales. Adelantó que posiblemente en febrero o marzo próximo el gobierno eleve al parlamento el proyecto de ley de entidades de microfinanzas, entre otras iniciativas (Mundo Microfinanzas ampliará estas ponencias, en algunos casos con entrevistas a los expertos, a partir de la próxima semana).

La jornada del viernes del foro del BCE continuará con las sesiones de supervisión por riesgo para las COACs, alfabetización y educación financiera y sistemas de pagos.

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