Discrepancias sobre nuevo código monetario: ¿motor productivo o cuasi-estatizador de la banca?

Rosa Matilde Guerrero, presidente de Finanzas y Cooperativas,
destaca aspectos positivos y negativos del proyecto del gobierno de Ecuador.

(Mundo Microfinanzas) Un cruce de opiniones a favor y en contra ha desatado el proyecto de Código Monetario y Financiero, remitido “con carácter de urgente” por el gobierno ecuatoriano a la Asamblea Nacional unicameral, desde quienes lo defienden como un fundamento para el desarrollo productivo del país hasta quienes lo defenestran como iniciativa que procura consagrar una “cuasi estatización de la banca”.

Para la presidente de la consultora Finanzas y Cooperativas, Rosa Matilde Guerrero, el proyecto contiene elementos positivos y otros “que se alejan de las lecciones aprendidas en otros países”. En contacto con Mundo Microfinanzas, Guerrero destacó el sentido ordenador del proyecto pero alertó que “no es beneficioso confundir la capacidad normativa con la ejecutiva”, por lo que recomendó “esclarecer los alcances y funciones del organismo”.

Tal como fue enviado por el gobierno, el proyecto integra en un solo órgano la regulación monetaria y financiera, actualmente dispersa en varias instituciones. La iniciativa consta de 506 artículos, 13 disposiciones generales, 37 reformatorias y derogatorias, 35 transitorias y 3 finales. Está dividido en tres libros: De los Sistemas Monetario y Financiero; de Régimen de Valores; y de Régimen de Seguros.

A juicio de Guerrero, el ambicioso proyecto contiene como puntos sensibles la gobernabilidad del sector financiero, la instrumentación de la política monetaria (“asunto que en una economía dolarizada por lo menos llama la atención”) y la supervisión del sistema financiero, el mercado de valores, de seguros, la economía popular y solidaria y la banca pública.

La titular de Finanzas y Cooperativas -entidad de servicios a microfinanzas y cooperativas que opera en México, Honduras, Panamá, Guatemala, Ecuador y Colombia- dijo que el capítulo referido a la instrumentación de la política monetaria e inversión de excedentes de liquidez del Banco Central del Ecuador (BCE) resulta algo “contradictorio” en una economía dolarizada, como la de Ecuador.

“La dolarización, como se conoce, es un proceso por el cual un país adopta la moneda estadounidense para usarla en sus transacciones económicas domésticas, y esta moneda es percibida por las personas con todas sus funciones de reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago. Y en una economía dolarizada justamente una de las ‘desventajas’ es la ausencia del prestamista de última instancia, de política monetaria, de administración cambiaria”, señaló Guerrero.

Por otra parte, ella advirtió que algunos de los cambios propuestos por el Ejecutivo podrían debilitar la Red de Seguridad Financiera (RSF), creada en 2008 por la actual gestión de gobierno. En particular puntualizó la coexistencia del fondo de liquidez o prestamista de última instancia (PIU) y el fortalecimiento de los mecanismos de liquidez del BCE, así como la ampliación del plazo del crédito a 360 días que puede dar este PIU.

“Por lecciones aprendidas en otros países, conocemos que algunas de las características de estos PIU son asistir a instituciones financieras solventes y bien administradas; otorgar préstamos de corto o mediano plazo a tasas penalizadas; poner límites a la asistencia usando procedimientos claros y preestablecidos y poseer una capacidad de respuesta rápida y oportuna”, consideró Guerrero.

Finalmente, la experta destacó como un hecho positivo la inclusión de las cooperativas de ahorro y crédito dentro de mecanismos como el Fondo de Liquidez y Seguro de Depósito. No obstante, señaló que hacen falta algunas precisiones sobre inversión de excedentes de liquidez y montos protegidos a los asociados/depositantes “por la relevancia que este sector tiene en los procesos de inclusión financiera a nivel local”.

Un proyecto que divide aguas

Para el presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Oswaldo Larriva, motorizador del proyecto, los cambios propuestos apuntan a “potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su distribución y redistribución”, así como “asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de valores y seguros sea consistente e integrado” y contribuya “al cumplimiento del programa económico”.

El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, resaltó por su parte dos aspectos de la propuesta: el fortalecimiento de control en el sistema financiero y el establecimiento de incentivos a la producción con medidas adecuadas para viabilizar mayores créditos de largo plazo.

Desde una visión opuesta, el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), César Robalino, dijo que el proyecto es ofensivo para este sector, pues instaura cambios radicales con efectos negativos para la banca, que pueden crear incertidumbre en los mercados y agentes económicos.

Si bien el gobierno plantea la defensa del sistema monetario de la dolarización, el banquero ecuatoriano se manifestó preocupado por la “reducción drástica de la libertad de decisiones que debe tomar el gerente general para evaluar los posibles riesgos de inversión”. “Convertir el servicio bancario privado en servicio público generaría una serie de inconvenientes, pues la banca se debilitaría, porque no van a crecer los patrimonios”, aportó Robalino, quien agregó que “si se aprueba tal como está el proyecto será una cuasi estatización de la banca”.

La Asamblea Nacional continuará en los próximos días con su agenda de consulta a distintos sectores y socialización del proyecto. El pleno del cuerpo legislativo tiene tiempo hasta el 24 de julio para aprobar o rechazar la iniciativa.

Dinero electrónico en Ecuador: voluntario, informado y asociado a cuenta bancaria

(Por Rosa Matilde Guerrero M. y Ruth Arregui Solano, para Mundo Microfinanzas) El dinero móvil es un medio de pago; en sentido estricto, se trata de uno de los elementos que componen los “sistemas de prepago o valor almacenado”, un valor monetario, por tanto exigible a su emisor, y se almacena en un soporte electrónico.

foto: Comisión Europea

El dinero móvil se ha constituido en una de las herramientas que podrían promover los procesos de inclusión financiera de los países, es decir, la incorporación de la población no incluida al sistema financiero formal, la cual en general se caracteriza por tener bajos ingresos y corresponder a los menores quintiles, tener propiedades no registradas o mal registradas, trabajo no formal, características que en general no los califica como clientes aptos para una cuenta corriente o un crédito, al menos en el sistema financiero formal.

Es claro que la política pública debería articular su accionar con el sector privado, a través de medidas que incentiven la inclusión financiera de los individuos. Por parte del Estado, como mínimo, estas medidas son de distinto tipo:

- Sociales: educación financiera;

- Institucionales-legales: la carga regulatoria debe ser adecuada; los impuestos a las transacciones financieras suelen actuar como desincentivadores; impulsar incentivos tributarios a cuentas de bajo valor; respecto a la calidad del marco legal: ley de derechos de deudores y acreedores y derechos de propiedad;

- Financieros: incentivos que promuevan eficientemente una cobertura geográfica de las sucursales de las instituciones financieras; registros de calidad de deudores.

Por parte del sector privado es necesario mejorar la eficiencia para reducir costos de mantenimiento de cuentas bancarias.

La relevancia de una política pública, como la explicada, es tratada en un excelente estudio titulado Financial Inclusion and Development: Recent Impact Evidence, del CGAP (R. Cull, T. Ehrbeck y N. Holle, abril de 2014). Entre lo principal, el estudio concluye que los procesos de inclusión financiera han impactado positivamente en los hogares más pobres, específicamente en su vida cotidiana y su actividad económica; a nivel macroeconómico mejorando el crecimiento y el empleo; a la vez ha contribuido a mejorar la eficacia y ejecución eficiente de los pagos del gobierno de transferencias netas de protección social, al reducir significativamente los costos de transacción y aumentar su alcance.

Por tanto, los países en general llevan adelante políticas públicas comprensivas de inclusión financiera y han convenido en algunos indicadores para medirlas, a través de dos grandes líneas: i) Acceso: penetración de la infraestructura del sistema financiero en cuanto a disponibilidad de ofrecer servicios y productos financieros (puntos de contacto, canales de acceso, perspectiva de oferta); y, ii) Uso: población contrata productos o servicios financieros y los utiliza con  frecuencia; se refiere a la demanda.

Ecuador, si bien ha realizado esfuerzos por avanzar en los temas de inclusión financiera, aún tiene retos que atender si se compara con América Latina, como vemos en los siguientes datos: desde el acceso, Ecuador tiene indicadores por debajo de la región en adultos con cuentas en una institución financiera formal (37% vs 39%) y mujeres adultas con cuentas en una institución financiera formal (33% vs 35%). Desde el uso, Ecuador va a la zaga de América Latina en porcentaje de adultos con algún tipo de cuenta regulada de depósitos o ahorro (16% vs 20%) y en cambio supera a sus vecinos en préstamos de una institución financiera en el último año (11% vs 8%). Los datos son elaborados a partir de la base Global Findex, del Banco Mundial (2011).

Hace pocos días el gobierno ecuatoriano, vía Banco Central del Ecuador (BCE), emitió la Regulación N° 055-2014 sobre Dinero Electrónico, donde en su artículo 1º define que el dinero electrónico: a) Es aceptado con poder liberatorio ilimitado y de libre circulación, reconocido como medio de pago por todos los agentes económicos en el Ecuador y para el pago de obligaciones públicas de conformidad con las normas que dicte el organismo regulatorio competente; b) Es convertible en efectivo a valor nominal; y, c) Es emitido privativamente por el Banco Central del Ecuador sobre la base de las políticas y regulaciones que expida el organismo regulatorio competente y por ende se registra en el pasivo de la institución.

Como se conoce a nivel de mejores prácticas internacionales, los modelos de dinero móvil son de diferente tipo y su diseño e implementación debe ser evaluada de acuerdo a las condiciones de los integrantes o partícipes del proceso, pues se supone serán los articuladores del mismo; ellos son: público en general, que son quienes demandan; compañías de telecomunicación; instituciones financieras de la economía popular y solidaria, del sector privado, del sector público, entre otros.

En este sentido el dinero móvil, para que sea útil como medio de pago, debe ser demandado por los usuarios, por el público, para lo cual la confianza y la seguridad de los clientes son elementos fundamentales, no puede ser impuesto por regulación. Ni parecería adecuado que sea un pasivo del BCE, más aún sin señalar con claridad contra qué se lo emitiría; temas no claros en la norma citada. Tan es así que la gerencia general del BCE, desde el 3 de junio, ha comenzado a publicar una serie de normativa reglamentaria buscando aclarar el asunto.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la principal crítica al dinero electrónico como elemento de inclusión financiera, cual es, que puede no estar asociado directamente a una cuenta de depósito. En tal sentido, las personas de bajos ingresos tendrán posteriormente más dificultades de acceder al crédito; sin embargo se debe mencionar que permite a la población familiarizarse con operaciones sencillas de pagos y traspasos, con lo cual es fundamental acompañar estos procesos con una fuerte educación financiera.

Sobre las autoras: Rosa Matilde Guerrero M. es presidente de la consultora Finanzas y Cooperativas y representante en América Latina de la Universidad Alcalá de Henares (UAH); Ruth Arregui Solano es gerente general de Finanzas y Cooperativas. 

Micronoticias del Ecuador

Microempresa: Estudian impacto económico de la violencia de género. Viviana Maldonado, coordinadora nacional del programa regional Combatir la violencia contra la mujer, de la cooperación alemana (GIZ), reveló que 50 de cada 100 propietarias de microemprendimientos en Ecuador han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas, lo que además del problema social genera perjuicios económicos para las microempresarias y sus negocios. Lo hizo a través de una entrevista a la revista Líderes, de Quito, a propósito de la divulgación del estudio Los costos invisibles de la violencia hacia las mujeres para las microempresas (resumen ejecutivo difundido por la publicación), que contó con el apoyo del gobierno alemán, la Universidad de San Martín de Porres de Perú (USMP) y la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

El estudio -realizado también en Perú, aunque no ceñido a la microempresa- halló que una gran cantidad de socias de la CCQ tenían que cerrar sus emprendimientos o incurrir en atrasos en el pago de sus cuotas como consecuencia de problemas de violencia de pareja. “Todo emprendimiento permite desarrollo y su impacto en la economía del país sería mayor si se toman en cuenta factores como el papel de las mujeres emprendedoras que sufren violencia”, dijo Maldonado, quien alentó al estado y a la empresa privada a invertir en prevención contra este tipo de situaciones.

Foro de banca comunal por primera vez en Ecuador. La Red Financiera Rural (RFR) invita al VI Foro Latinoamericano de Banca Comunal, a realizarse los días 7, 8 y 9 de agosto de 2013 en la ciudad de Guayaquil. El evento convoca, desde 2003, a especialistas regionales e internacionales para discutir avances, nuevas tendencias, problemáticas, experiencias exitosas, tecnología y desarrollo de la banca comunal como metodología de crédito.

El foro será organizado por la RFR, con el apoyo de sus 43 IMFs miembros, durante tres días que combinará sesiones plenarias, talleres simultáneos, centro de negocios, eventos sociales, stands comerciales, feria de emprendimientos y visitas de campo, informó la Red. Será la primera vez que el evento se realice en Ecuador, tras sus ediciones en Lima, Morelia, San José, Medellín y Huatulco.

BCE: Superar la hipótesis fallida de los mercados. El gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), Mateo Villalba, dijo que la última crisis sistémica exige un cambio de paradigma económico y subrayó la necesidad de superar la hipótesis fallida de los mercados financieros, reconociendo sus imperfecciones y fortaleciendo su monitoreo y regulación. Así se expresó durante la sesión del Comité de Comercio de Servicios Financieros, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), realizada el 20 de marzo en Ginebra.

Durante la sesión -solicitada por Ecuador y presidida por el mismo Villalba-, el funcionario destacó el nuevo rol del BCE, que va más allá de los limitados objetivos de control de inflación y uso restringido de instrumentos monetarios y avanza hacia la intervención de la banca central en apoyo de los objetivos de desarrollo del país, dijo la entidad en su boletín de prensa Nº 13.

Lanzamiento en Cuenca de libro sobre cooperativismo. El Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE) invita para este miércoles 17 de abril de 2013 a la presentación del libro La Historia del Cooperativismo en el Ecuador, del historiador Wilson Miño Grijalva, que tendrá lugar desde las 19:00 hs en el Salón de la Ciudad, de la ciudad de Cuenca.

El evento contará con la presencia de la ministra Jeannette Sánchez, del propio autor, y del gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, Paciente Vásquez, quien hará un acercamiento a la obra. Miño Grijalva también es autor del libro Breve historia bancaria del Ecuador (2008), que condensa los principales acontecimientos de la actividad financiera nacional en más de un siglo de historia republicana.

Últimas micronoticias del Ecuador

11 de marzo de 2013

26 de diciembre de 2012

6 de noviembre de 2012

Publicaciones: Teoría y práctica de inclusión financiera en la experiencia ecuatoriana

(Mundo Microfinanzas) Se encuentra ya disponible online el libro De la Definición de la Política a la Práctica: Haciendo Inclusión Financiera. Nuevo Eje Estratégico del Banco Central del Ecuador, donde se conceptualiza la política de inclusión financiera del BCE en base a mejores prácticas y contempla sus fases de diseño, implementación y avances logrados hasta el momento.

El libro, dado a conocer a fines de noviembre en formato papel durante el foro Lecciones Aprendidas y Perspectivas de la Política de Inclusión Financiera, organizado en Quito por el BCE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue publicado ahora en formato digital por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI).

La publicación tiene como autores a Ruth Arregui, Rosa Matilde Guerrero, Silvia Espinosa, José Murgueytio y Kurt Focke y está dividido en seis secciones: una introducción Pobreza y exclusión financiera; Marco conceptual de la política de inclusión financiera; Elementos de diagnóstico; Mandato legal y capacidad institucional para ejecutar la política de inclusión financiera; La política de inclusión financiera del BCE y Primeros resultados de la política de inclusión financiera: el programa piloto “Canal alternativo de distribución de remesas para pequeños intermediarios financieros ecuatorianos”. El libro ofrece además índice de gráficos, tablas, glosario, anexos y bibliografía, además de un prólogo del economista Jorge Gallardo.

El enfoque del análisis reconoce como inspirador al Nobel Amartya Sen y sostiene que “la pobreza ha dejado de ser entendida como la sola privación o falta de recursos para adquirir una canasta de bienes y servicios necesaria para una vida mínimamente saludable y ha pasado a conceptuarse como la falta de condiciones y oportunidades que impiden que las capacidades actuales y potenciales de las personas puedan ponerse en práctica y se transformen en funcionamientos y realizaciones de desarrollo humano”.

En esta línea, el libro destaca los progresos recientes del Ecuador en su lucha contra la exclusión social, la pobreza y el desempleo y señala la atención gubernamental sobre el acceso y uso de productos y servicios financieros en programas orientados a atacar la pobreza y generar condiciones para el crecimiento económico sostenible.

El segundo capítulo, de índole más teórica, comienza con una breve reseña histórica del concepto microfinanzas: desde las primeras experiencias de ahorro informal que se remontan al siglo XV, pasando por la introducción, a comienzos del siglo XX, del modelo de finanzas cooperativas desarrollado en Alemania por Friedrich Wilhelm Raiffeisen, hasta llegar a la implementación de las primeras metodologías de microcrédito en la década del ’80 y el concepto más amplio de microfinanzas a partir de los ’90.

Se ensaya una definición provisoria de inclusión financiera, como “el acceso y utilización de los servicios financieros formales por parte de la población antes excluida de los mismos por encontrarse en condición de pobreza o informalidad, alejamiento geográfico o discapacidad”, a la que luego se matiza a partir de una serie de condiciones que favorecen y restringen la inclusión. Los autores luego reflexionan en torno a la inclusión financiera como política pública, en la cual las intervenciones, de tipo público-privadas, se piensan bajo un enfoque sistémico. Y subrayan la necesidad de “ampliar y profundizar la capilaridad del sistema financiero” y la creación de una “cultura financiera”.

En el tercer capítulo, los autores analizan la crisis económico-financiera de 1998-2000 en Ecuador, tanto en sus graves efectos sociales como en las oportunidades que ella misma generó. En efecto, la emigración de ecuatorianos como producto de la crisis habría producido efectos benéficos para el país: no sólo a través de la evidente mejora de las economías familiares vía ingresos por remesas (gran parte de las cuales se efectivizaron por medio de las cooperativas) sino y sobre todo por las innovaciones culturales y tecnológicas propiciadas por la distancia con los seres queridos. La mayor conexión con el mundo, la ampliación de internet y el incremento en el uso de la telefonía celular fueron factores que ayudaron a revertir la crisis en oportunidad, explican los autores.

El cuarto capítulo expone la apoyatura institucional del BCE como ejecutor de la política de inclusión financiera del país. Allí se destaca la reorientación estratégica del BCE en la post-crisis 1998-2000, donde el banco ya no sólo es responsable de asegurar estabilidad macroeconómica y ser agente financiero del estado -entre otras funciones- sino además actor principal en la instrumentación de la política de inclusión financiera. Esta nueva función se apoya en el mandato expreso de la nueva Constitución (2008), la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y el Plan Nacional para el Buen Vivir.

“El crecimiento económico sostenible y la inclusión financiera forman un círculo virtuoso de retroalimentación recíproca: cuanto mayor sea el crecimiento sostenible, tanto más se desarrolla el acceso social a los bienes financieros; y la mayor accesibilidad genera, de su parte, expansión del potencial de inversión y ampliación de la capacidad de consumo”, afirman los autores.

En consonancia con estos presupuestos teóricos, el libro se cierra con la presentación de la política de inclusión financiera trazada por el BCE, aprobada en enero de 2012 por el presidente de la República, que distingue modalidades de intervención a nivel macro (ordenamiento normativo), meso (fortalecimiento del sistema nacional de pagos y desarrollo de una cultura financiera en la población meta) y micro (sistema Red de Redes-Pago móvil y fondos concursables de incentivos a IMFs para que éstas amplíen su oferta de productos y servicios financieros a la población meta).

El último capítulo está dedicado a analizar la experiencia del programa piloto 2008-2012, para la canalización alternativa de remesas, con apoyo del BID. Entre los principales logros se cuenta la conexión de cooperativas de ahorro y crédito no reguladas al sistema nacional de pagos a través de una COAC regulada como “cabeza de red”. El libro detalla los principales resultados e impactos de este programa, “que representan un primer gran logro de inclusión financiera del BCE y un semillero de lecciones aprendidas”.

Referencia

De la definición de la política a la práctica: Haciendo inclusión financiera. Nuevo eje estratégico del Banco Central del Ecuador (por Ruth Arregui, Rosa Matilde Guerrero, Silvia Espinosa, José Murgueytio y Kurt Focke, BCE, Quito, 2012).

Micronoticias del Ecuador

Jeannette Sánchez, al frente del BCE. La ministra coordinadora de la Política Económica, Jeannette Sánchez, fue designada transitoriamente como nueva presidenta del Banco Central del Ecuador (BCE), tras la dimisión presentada por Pedro Delgado. El presidente de la Nación, Rafael Correa, aceptó la renuncia de Delgado luego de confirmar la falsificación de títulos académicos del ex directivo.

Jeannette Sánchez (foto: Ministerio Coordinador de Política Económica)

La nueva presidenta del BCE -quien ejercerá su función en calidad de delegada del presidente constitucional de la República, según lo establece la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado- es economista por la Universidad Católica de Ecuador (PUCE), con estudios de especialización en gestión del desarrollo local (Universidad Andina Simón Bolívar), diplomada como experta en desarrollo local por la OIT, máster en economía por Flacso-Ecuador, máster en planificación comunitaria y regional por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y doctorante en Desarrollo por la Universidad Católica de Louvain (UCL), Bélgica.

Prepararán a ejecutivos para afrontar nuevos retos del mercado. Tomando en cuenta la evolución y cambios dramáticos que se están suscitando en el mercado latinoamericano de las microfinanzas con la crisis actual, la entrada de nuevos jugadores (“big players”, “downscalers”, “upgraders”), así como las grandes oportunidades y retos que se presentan en la prestación de servicios financieros de pequeña escala en las áreas rurales y urbano marginales, INCAE Business School y la Red Financiera Rural (RFR) invitan al Programa de Alta Dirección de Instituciones Microfinancieras (PADMIF Ecuador), a realizarse del 13 al 20 de febrero (Módulo 1) y del 13 al 20 de marzo de 2013 (Módulo 2), en la Hostería San José de Puembo, Puembo, Distrito Metropolitano de Quito.

El perfil del candidato a participar de este programa es ejecutivo con más de tres años de experiencia gerencial relevante en puestos estratégicos del sector de las microfinanzas, graduado universitario (o experiencia de trabajo equivalente) y que cuente con el aval de la institución en la que se desempeña. Para mayor detalles, la RFR invita a ponerse en contacto a los correos ypinto@rfr.org.ec y/o fortalecimiento@rfr.org.ec con atención a la Ing. Yamile Pinto.

Educación financiera a través de teatro itinerante. La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) continuó en Quito su campaña de Responsabilidad y Planificación Financiera, en coincidencia con las fiestas de fundación de la capital, a través de muestras de teatro itinerante en lugares y plazas de gran afluencia de público. La campaña tiene como objetivo instruir sobre el uso adecuado de las herramientas financieras, la toma de buenas decisiones en el uso del dinero y la implementación de una nueva cultura financiera en Ecuador, dijo la SBS.

La Superintendencia informó que continuará con esta campaña de manera masiva, alegre y didáctica, a fin de ayudar a la sociedad a que administre y planifique adecuadamente sus finanzas personales, lo que se traducirá en estabilidad, crecimiento y seguridad económica. Previo a Quito, la iniciativa se presentó en los cantones de Portoviejo, Rocafuerte, Santa Ana y la localidad de Picuaza, en la provincia de Manabí.

Jardín Azuayo, la IMF del año. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo fue elegida como la “Institución Microfinanciera del Año” en el concurso Citi “Premio al Microemprendedor y a la IMF del año – Ecuador 2012”, con el auspicio de la Fundación Citi y la Corporación Incubadora de Empresas del Austro del Ecuador (Innpulsar). Jardín Azuayo -operativa en cinco provincias del Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y El Oro- participó en la convocatoria con su proyecto “Las finanzas populares en el marco de la concertación interinstitucional. La experiencia del cantón Nabón”, un modelo de gestión de desarrollo local en dicho cantón de la provincia del Azuay, en el sur del país.

El concurso premió a Freddy Paredes, experto en ecoturismo de Echeandía, en la provincia de Bolívar, como “Microemprendedor del año”; a Andrea Loyola y Eulalia Arévalo como microemprendedores urbanos; a Santiago Cordero como microemprendedor cultural; a Georgina García como la mujer microemprendedora del año; y a Ángel Acero y Rosa Villa como microemprendedores rurales, todos los cuales se hicieron acreedores de un premio de US$ 10 mil. Diana Torres, gerente general de Citibank en Ecuador, dijo que apoyar a las comunidades en proyectos de microemprendimiento es una forma de aportar al desarrollo de las sociedades, informó el diario El Tiempo, de Cuenca.

Alexandra Granda (foto: BNF)

Granda Arias se aleja del BNF. La presidenta del Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), la economista Alexandra Granda Arias, presentó su renuncia al cargo, tras más de dos años y medio al frente de la entidad. Según informó el BNF, las razones de la renuncia son de índole personal, a fin de poder atender actividades empresariales privadas.

Granda lideró en este tiempo un importante proceso de transformación interna del banco. En octubre del año pasado, se creó la gerencia de operaciones, con un nuevo modelo de concesión crediticia, cuyo principal objetivo fue homogeneizar y tecnificar los requisitos que el banco pide a todos sus clientes para conceder créditos, lo que ha llevado a una mayor eficacia, transparencia y responsabilidad, dijo el BNF.

Últimas micronoticias del Ecuador

6 de noviembre de 2012

17 de octubre de 2012

26 de septiembre de 2012

Perú: Acciones y directrices para reducir riesgos de sobreendeudamiento

Narda Sotomayor: Regulaciones específicas de la SBS
(foto: Alliance for Financial Inclusion)

(Mundo Microfinanzas) “La SBS reconoce que existe un riesgo de sobreendeudamiento; que no es lo mismo que exista sobreendeudamiento”.

La precisión fue por la jefa del Departamento de Análisis de Microfinanzas, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), Narda Sotomayor.

La directiva expuso la experiencia peruana durante el foro Lecciones Aprendidas y Perspectivas de la Política de Inclusión Financiera, realizado del 29 de noviembre al 1º de diciembre en Quito, organizado por el Banco Central del Ecuador (BCE) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). Luego de su exposición, Mundo Microfinanzas quiso preguntarle cómo observa la SBS el sobreendeudamiento en el sector microfinanciero peruano y las acciones tendientes a superar esta situación. La urgencia de un vuelo impidió la entrevista, pero Sotomayor accedió amable al envío de la respuesta por escrito.

Desde la Superintendencia, dijo la funcionaria, “se han venido emitiendo regulaciones específicas relacionadas al riesgo de sobreendeudamiento, particularmente de los créditos minoristas (consumo y microcrédito). El objetivo principal de las normas emitidas es inducir a una adecuada administración del riesgo de sobreendeudamiento, estableciendo colchones de provisiones y otras medidas específicas”.

“Así -explicó Sotomayor- se requiere que las empresas bajo supervisión evalúen la situación de sus deudores clasificándolos según diversos niveles de endeudamiento en relación a su capacidad de pago, buscando identificar a aquellos que se encuentran sobreendeudados o en una situación de sobreendeudamiento potencial. Se toma en cuenta también como factor de riesgo la exposición al riesgo cambiario crediticio, estableciendo provisiones para los expuestos aun cuando estén clasificados en categoría normal”. 

La SBS promueve la aplicación de buenas prácticas y valora el papel de las centrales de riesgo: “Asimismo, se requiere que las entidades apliquen buenas prácticas desde el otorgamiento del crédito y durante el tiempo de vida del mismo, cuidando en todo momento una adecuada relación entre nivel de endeudamiento del cliente en el sistema financiero y en relación a sus ingresos, para lo cual el uso de la información de central de riesgo es un elemento clave.

Finalmente, señaló que “existen otras medidas específicas para el riesgo de sobreendeudamiento relacionadas a las tarjetas de crédito”.

Inclusión financiera en el Perú

La exposición de Sotomayor en Quito ofreció algunos indicadores sobre el progreso de la inclusión financiera en el Perú. Por ejemplo, el número de puntos de atención del sistema financiero por cada 100 mil habitantes adultos crece año a año en forma progresiva desde 2007 a 2012 (38 había en 2007, 126 hoy). El mapa de puntos de atención muestra, en 2007, prácticamente todo el interior del país, y algunos departamentos del norte del litoral, con el mínimo de cobertura (11-29 puntos de atención por cada 100 mil adultos), mientras que en 2012 la densidad es otra: ya no hay departamentos con la mínima cobertura, casi todo el interior alcanza valores de 29-46, 46-80 y 80-135 puntos de atención, con algunos departamentos (Lima y Arequipa) con máxima cobertura (135-242).

La directiva de la SBS distinguió tres ejes de acción en la estrategia integral para la inclusión financiera que adoptó la regulación peruana:

Regulación y supervisión: regulación del microcrédito, microseguro, cuentas básicas y dinero electrónico (este último en 2012);

Transparencia y protección al usuario: tasa costo efectiva anual (TCEA), tasa de rendimiento efectiva anual (TREA), campañas de difusión, contratos en lenguaje sencillo, claridad en las condiciones del contrato, normas generales de contratación y prohibición de cláusulas abusivas;

Educación financiera: Diseño curricular nacional y programa de asesoría a docentes.

La regulación del sector microfinanciero es común a todas las instituciones del sistema financiero y se basa en el criterio de sostenibilidad, explicó Sotomayor.

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Ecuador: Finanzas inclusivas y contrapuntos políticos en apertura del foro BCE (30 de noviembre de 2012)

Rodríguez Chirú: "Las políticas públicas tienen que tener oídos para las microfinanzas"

Jacoba Rodríguez Chirú, presidenta de Redcamif
(foto: Redcamif)

(Mundo Microfinanzas) El camino de la recuperación de las microfinanzas centroamericanas tras el No Pago, los programas de inclusión financiera en marcha en la región, los principales desafíos a venir… Sobre estos y otros temas habló Mundo Microfinanzas con Jacoba Rodríguez Chirú, presidenta de la Red Panameña de Microfinanzas (Redpamif) y en ejercicio de la presidencia de la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (Redcamif) para los próximos dos años. El diálogo tuvo lugar en Quito, tras la participación de la directiva panameña en el foro Lecciones Aprendidas y Perspectivas de la Política de Inclusión Financiera, organizado por el Banco Central del Ecuador (BCE) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).

Mundo Microfinanzas: ¿Qué evaluación hace Redcamif de este año que está terminando, los logros más importantes, a modo de balance?

Jacoba Rodríguez Chirú: Bueno, luego de haber pasado por una profunda crisis que nos afectó en 2009 y 2010, los años 2011 y 2012 han sido de recuperación para la industria en Centroamérica. Hemos logrado recuperar algunos indicadores de cartera que nos tenían sumamente preocupados producto de algunas situaciones que ocurrieron en diversos países. Hemos logrado bajar la morosidad, las carteras han vuelto a recuperar un crecimiento moderado, hemos vuelto a recuperar la confianza de los inversores en las instituciones de microfinanzas a nivel de toda Centroamérica. Y esto para nosotros ha sido un gran logro luego de la experiencia que tuvimos con la crisis que ocurrió con el club de los No Pago en Nicaragua y algunas otras cosas que se dieron a nivel de toda la región.

MMF: ¿Y cuáles son los retos de aquí a los próximos dos años, en los que tendrá la ocasión de presidir la Red?

JRC: Los retos son muchos. Nosotros tuvimos la oportunidad, y a lo mejor es una dicha haber tenido excelentes profesionales al frente de la presidencia de la Red. Esto ha permitido que se capitalicen las experiencias, tanto positivas como negativas. En el período 2010 cuando estuvo al final don Julio (Flores Coca), logramos sentar las bases para la recuperación que se dio con el señor (Juan José) Lagos posteriormente. ¿Y esto qué nos va a permitir a nosotros? Continuar un trabajo que ya se inició, que se debe consolidar. Consolidar en el sentido de que necesitamos que las redes sean sostenibles. Y las IMFs que forman estas redes son las que pueden, en algún momento, brindar esa oportunidad de que sus propias redes locales sean sostenibles. Entonces, es una preocupación que viene. No hacemos nada con una Redcamif con una cabeza muy grande y unas redes nacionales debilitadas. Entonces nosotros estamos preocupados ahora mismo por el fortalecimiento de las redes y porque las IMFs vean que las redes les están brindando un beneficio a través del fortalecimiento institucional, a través de programas dirigidos a los clientes. Estos programas de inclusión financiera, como microprensiones, que estamos ejecutando en Nicaragua, Honduras y Guatemala. El de microseguro que está en una fase de diseño y que pronto estará listo. El programa de capacitación que les hemos compartido en este foro, cuya fase de pilotaje vamos a iniciar. Y uno que estamos iniciando que es el de finanzas rurales, que es transversal, tiene que ver con todos los productos inclusivos. Entonces, el reto es continuar lo que se ha venido haciendo hasta el momento y fortalecer las redes.

MMF: Su exposición hizo hincapié en la educación financiera…

JRC: Educación financiera desde el punto de vista de empoderar, de cambiar esa actitud pasiva y receptora de los clientes a una actitud proactiva y que sean ellos mismos los generadores de su propio desarrollo.

MMF: Precisamente, durante el panel también se habló de la necesidad de que las políticas públicas tengan un sesgo diferente, apuntando a otro tipo de beneficiario, más activo.

JRC: Bueno sí, eso y otros temas que se tocaron. Por ejemplo, nos llamó poderosamente la atención -y me voy a salir del tema porque no quiero que se me pase por alto- en los estudios que se han hecho en el Banana Skins y otros en el 2012, salen los riesgos externos como las principales amenazas para el sector de las microfinanzas. Pero esos riesgos externos, los que más incidencia tienen, son el sobreendeudamiento y la intervención del estado, distorsionando las reglas del mercado, con sus programas subsidiados. Entonces, el sobreendeudamiento tiene que ver con el manejo de la información. Los burós de crédito juegan en este sentido un papel sumamente importante. Nosotros acabamos de tener un foro con tres burós de crédito donde logramos que intercambiaran información para que vieran qué cosa tenía uno, qué cosa tenía otro y cómo se pueden complementar. ¿Por qué? Porque es la única forma de que, suministrando información entre las mismas instituciones, puedan cuidarse ellas y a sus clientes para no sobreendeudarlos. Son elementos que inciden. Y la capacitación tendrá incidencia si nosotros logramos que nuestros clientes sepan manejar su crédito, sepan crear su propio ahorro, sepan cómo minimizar sus riesgos a través de los microseguros. Ese tipo de cosas es lo que estamos impulsando. Y por eso las políticas públicas tienen que tener oídos para escuchar lo que les está diciendo el sector. La regulación de las tasas no es la solución para que las personas puedan tener acceso. Todo lo contrario: lo que estamos haciendo es empujar a ese dueño de micro y pequeña empresa a los usureros. Porque las instituciones microfinancieras no van a poder sufragar sus gastos con esas tasas que les están imponiendo.

MMF: En la región, ¿dónde se ve afectado este tema de la regulación de las tasas?

JRC: En Nicaragua. En El Salvador ya hay un movimiento para regular tasas. Y eso implica que las instituciones tienen que ingeniarse no sólo para ser eficientes, sino que es una limitación para poder diversificarse, porque la figura jurídica en muchos casos no les permite apalancarse con (captación de) ahorros. Así que no es verdad que bajando las tasas tú vas a crear mayor acceso. Eso es una falacia, eso es mentira.

MMF: Para terminar, ¿podría comentar algo más sobre el proyecto de corresponsales no bancarios en Panamá, que mencionó durante la ponencia?

JRC: Mire, en Panamá tenemos un centro financiero muy desarrollado pero, al mismo tiempo, con una muy baja bancarización. ¿Qué significa eso? Que realmente no estamos llegando a los segmentos que debemos estar llegando porque esa bancarización se centra solamente en el sector comercial-urbano. Se les ha motivado, a través de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Superintendencia de Bancos, a que fueran a ver experiencias como la colombiana de inclusión financiera con la Banca de las Oportunidades, e hicieron caso. Fueron, miraron y gracias a Dios han promulgado por lo menos una ley de corresponsalías no bancarias. Lo único que le criticamos a la ley es que solamente se ciñe a lo que es el sector bancario. Y volvemos a caer en el ciclo, no salimos del sector bancario. Nosotros queremos que esa corresponsalía baje a las cooperativas, a las financieras, a las ONGs, a las cajas rurales, porque ahí realmente es donde necesitamos que haya una regulación prudencial y una supervisión acorde a la actividad, al negocio de las microfinanzas. Entonces, vamos por buen camino, pero todavía falta camino por recorrer.

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(Mundo Microfinanzas) El foro Lecciones Aprendidas y Perspectivas de la Política de Inclusión Financiera, organizado por el Banco Central del Ecuador (BCE) del 29 de noviembre al 1º de diciembre pasados en Quito, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), se cerró con una serie de exposiciones sobre experiencias de abordaje de la inclusión financiera a nivel de intervenciones macro, meso y micro en América Latina.

Tania Sagastume
(foto: Redcamif)

La dinámica consistió en una serie de ponencias, organizada en dos bloques, que propusieron enfoques orientados a la expansión de las fronteras de acceso a los servicios y productos financieros desde lo normativo-regulatorio, desde el diseño de una arquitectura financiera y protección al consumidor y desde la creación de dispositivos que apoyen a los intermediarios. La moderación de los paneles, en ambas secciones, estuvo a cargo del especialista senior del Fomin, Fermín Vivanco.

Roberto Salazar, de la firma ecuatoriana Hexagon Consultores, comenzó comentando algunos resultados del programa del BCE de promoción de un canal alternativo de distribución de remesas para pequeños intermediarios financieros, con financiamiento del BID. El programa ha permitido incrementar un 33% el número de receptores de remesas nuevos en cooperativas de ahorro y crédito reguladas y no reguladas, un 22% el número de cuentas bancarias nuevas y un 29% de remesas recibidas en zonas rurales vía Sistema Nacional de Pagos (SNP). Con el sistema, los familiares de migrantes ya no necesitan hacer grandes distancias sino que pueden acceder a los pagos en todo cantón y parroquia donde exista una cooperativa, pequeña caja de ahorro o banco comunal.

Giovanny Cardoso, director de la Corporación de Finanzas Populares del Ecuador, expuso los logros del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria (Pnfpees), orientado a zonas rurales y de mayor pobreza. Dijo que la institucionalización de un tercer actor de la economía (además del público y el comercial) ha permitido poner de manifiesto una cantidad de sujetos económicos hasta entonces no visibilizados en el país, con un nuevo paradigma en la relación entre la institución y el cliente, donde prevalecen los sentidos de pertenencia y participación. Estas organizaciones son anticíclicas pues se activan en tiempos de crisis, “al revés de lo que son las finanzas convencionales, donde la oferta financiera acompaña los ciclos de expansión y se retira cuando hay crisis”, explicó Cardoso.

Posteriormente Wily Escobedo, director de Acceso a Servicios Financieros de la Development Alternatives Inc (DAI, organización global que en América Latina tiene sede en México), habló sobre el potencial transformador de la tecnología digital en las comunicaciones y la información para integrar a millones de personas bajo el techo de la inclusión financiera. El ex gerente de la Caja Arequipa, en Perú, destacó los avances de la política de inclusión financiera del BCE, a través del fortalecimiento de actores de la economía popular y solidaria ecuatorianos y de novedosos programas como la Red de Redes, y sostuvo que el reto es construir una estrategia comercial y un modelo de negocio que permita incluir a partir del uso de banca móvil u otros dispositivos, segmentando el mercado según los ingresos de los clientes por uso del móvil (pagos, recargas, cash-in, cash-out), con productos y servicios eficientes, baratos, escalables y continuos.

Javier Vaca, director ejecutivo de la Red Financiera Rural (RFR), del Ecuador, preparó una exposición sobre la participación de los actores financieros del país en la parte del mercado donde se podría hablar de inclusión (microcréditos, créditos de bajo monto promedio). Allí sobresale el lugar que ocupan las cooperativas de ahorro y crédito, tanto las reguladas por la SBS como no reguladas. Luego aportó algunos indicadores, sobre una muestra de 56 cooperativas, que señalan un crecimiento sostenido de activos, pasivos y patrimonio desde septiembre de 2010 a septiembre de 2012, una disminución de gastos operacionales y de personal como porcentaje del total de activos, en el mismo período, y planteó algunos retos hacia futuro: avanzar en el cumplimiento de estándares de supervisión en cooperativas hasta ahora no supervisadas, lograr escala de negocio para las cooperativas más pequeñas y mejoramiento de la gobernabilidad, entre otros.

El primer segmento del debate fue cerrado por Oscar Guzmán, director del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), en Colombia, quien enfatizó la necesidad de programas de inclusión financiera que se sustenten en base al ahorro y la educación financiera: “El ahorro empodera a las personas; el crédito las hace dependientes”, dijo el dirigente cooperativista. Guzmán estableció una serie de semejanzas y diferencias entre bancos y cooperativas en Colombia, entidades que en los últimos años han avanzado en el segmento del microcrédito, tradicionalmente en manos de ONGs. Dijo que las cooperativas llegan con más facilidad a zonas rurales donde hay mayor necesidad de servicios; los bancos tienen una estrategia de ampliación de cobertura a través de corresponsables no bancarios, mientras que las cooperativas todavía no han incursionado en tecnologías de inclusión financiera (y las ONGs están muy lejos, con tendencia a transformarse en otro tipo de entidades).

Segundo bloque

El segundo segmento de la discusión fue abierto por Paciente Vásquez, gerente general de la cooperativa Jardín Azuayo, con presencia en cinco provincias del sur del Ecuador, quien resaltó el rol “incluyente por naturaleza” de las cooperativas. Él dijo que el elemento que más dinamiza a la institución es el sentido de pertenencia de sus trabajadores, la conciencia austera del gasto y la contribución al desarrollo de las comunidades. “Hemos vivido del boca a boca”, dijo en relación a la confianza interpersonal y respeto en el trato hacia los socios, sin necesidad de recurrir a estridencias comunicacionales. El directivo propuso que la regulación sea una camino de discusión con los regulados y pidió al BCE agilizar el proyecto de billetera electrónica (la cooperativa ya cuenta en sus depósitos con dispositivos POS listos para su utilización, dijo Vásquez).

A continuación, la superintendente de Valores y Otras Instituciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS), Tania Sagastume, ofreció un abordaje amplio y comprehensivo de la inclusión financiera. La situación hondureña, respecto al conjunto de la región centroamericana y República Dominicana, exhibe algún retraso, según dijo Sagastume: cuarto lugar en número de cuentas por cada mil adultos, quinto lugar en número de créditos por cada mil adultos y último lugar en número de ATMs por cada 1.000 km2. Sin embargo, ella dijo que las limitaciones que surgen de este diagnóstico ofrecen una oportunidad. Honduras ha diseñado una política pública de inclusión financiera, todavía en calidad de borrador pero con la expectativa de comenzar a ser aplicada a partir de 2013. Aún resta avanzar en una ley de cooperativas que fortalezca el ingreso de estas entidades al SNP y está en ejecución una campaña de educación financiera y marco legal para la transparencia y la defensa del consumidor.

A su turno, la presidenta de la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (Redcamif), Jacoba Rodríguez Chirú, hizo una defensa de las políticas integrales articuladas de inclusión financiera, con hincapié en los programas de educación financiera. La ejecutiva panameña destacó el rol de las instituciones financieras en la educación de los clientes y expresó la necesidad de que las IMFs se comprometan en transformar el comportamiento tradicionalmente pasivo del beneficiario en un sujeto más proactivo y con motivación para el ahorro frecuente. Redcamif -organización que integra a 124 IMFs afiliadas en siete países- impulsará a partir de enero de 2013 un programa piloto de educación financiera, que buscará llegar a más de 20 mil clientes de bajos ingresos en América Central y República Dominicana (50% mujeres), adiestrándolos en administración de presupuestos y toma de decisiones sobre el uso de recursos financieros.

Verónica Albarracín, gerente general de la cooperativa ecuatoriana Maquita Cushunchic, señaló la necesidad de sumar esfuerzos por una reducción de las tasas de interés. Para ello, Albarracín propuso a los privados trabajar por una disminución de costos de fondeo, de provisiones y de operaciones. Y al sector público la facilitación de switch transaccionales y una reducción de costos de fondeo (CFN, finanzas populares y solidarias), entre otros acciones. Ella dijo que la inclusión financiera tiene que ser de calidad y planteó el desafío de ir más allá de los servicios financieros y atender cuestiones como la salud de los clientes, “uno de los factores más importantes que impactan en la morosidad”.

La serie de presentaciones fue cerrada por Francisco Demichelis, especialista en Mercados Financieros del BID, en Asunción, quien explicó la estrategia de apoyo del banco al programa de inclusión financiera en Ecuador. En el plano de intervención micro destacó el mecanismo de fondos concursables de incentivos a intermediarios, con la idea de aumentar la capilaridad financiera fundamentalmente hacia áreas rurales del país. También mencionó el fortalecimiento del SNP y el mejoramiento a nivel de transacciones en línea (respondiendo al requerimiento de Vásquez, pidió paciencia por los tiempos del respectivo proceso licitatorio).

Como broche final del panel y del evento, la gerente general del BCE, Ruth Arregui Solano, agradeció todos los aportes, observaciones y aún críticas de panelistas y participantes del foro. Dijo, en relación con Jardín Azuayo, que la billetera móvil es uno de los puntos salientes del programa de inclusión financiera, que se están realizando pruebas de conectividad a nivel de ventanillas y que ha representado todo un desafío construir la Red de Redes. La ejecutiva destacó la incidencia del BCE en la preservación del historial crediticio de los burós -sustituidos recientemente por ley por un registro público de información de crédito- y en la nueva metodología de cálculo de tasas de interés, que recoge buenas prácticas internacionales. Y realzó el papel del banco en la institucionalización de un código financiero -pendiente desde la dolarización- así como su compromiso con un proyecto de desarrollo nacional.

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