Magdalena Lizardo (foto: Mepyd) |
Autoempleo:
De la subsistencia a la acumulación. El fomento del autoempleo puede ser
impulsado como una estrategia de combate a la pobreza si se logra “identificar
oportunidades y apoyar el tránsito de un emprendimiento de subsistencia hacia
una unidad productiva con capacidad de acumulación”, afirmaron las
investigadoras del Ministerio de Economía (Mepyd), Magdalena Lizardo y Maritza
García, en el marco de su ponencia titulada “Fomento del autoempleo
y el combate a la pobreza”, expuesta durante el III Foro Anual sobre Género,
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación, organizado por el Ministerio de
Trabajo (SET). “Para los trabajadores por cuenta propia en el sector agropecuario
o en la manufactura, en adición a la capacitación, se necesita un paquete de
servicios que permitan a la unidad productiva elevar su productividad”,
expusieron las expertas, según informó este domingo el Mepyd.
Ellas
plantearon un enfoque integral para el fomento al trabajo independiente y
dijeron que esto requiere “acceso a capital de trabajo, al conocimiento, a la
tecnología y a los mercados a fin de crear negocios sostenibles”. Sostuvieron
asimismo la necesidad de reducir la vulnerabilidad laboral de quienes trabajan
por cuenta propia a través de la seguridad social, así como el asesoramiento
para el desarrollo de un plan de negocios y acompañamiento en todo el ciclo del
emprendimiento, puntualizando que el cuentapropismo en República Dominicana
representa alrededor del 40 por ciento de la fuerza laboral empleada.
Primera
encuesta sobre cultura financiera en 2014. El gobernador del Banco Central
(BCRD), Héctor Valdez Albizu, anunció la
realización de la “Primera Encuesta Nacional sobre Cultura Económica y
Financiera”, que se llevará a cabo en 2014, como paso previo a la elaboración
de una estrategia nacional de educación económica y financiera en el país. “El
Banco Central quiere motivar a aquellas instituciones públicas y privadas que,
por su naturaleza, tienen que ver con el tema, a que formemos una gran alianza,
que sume voluntades y recursos humanos y económicos, en beneficio de la
población de menor acceso a los servicios financieros”, dijo Valdez, en el
marco del Tercer Seminario de Comunicación ”Educación Económica y Financiera”,
organizado en el mes de septiembre por el BCRD.
Ervin Novas (BCRD), Sofía Ortega, Clarissa de la Rocha (BCRD), Héctor Valdez Albizu, Nidia García y Alejandro Fernández W, durante el seminario en Santo Domingo (foto: BCRD) |
De acuerdo con el banquero, el estudio servirá como base para elaborar
un diagnóstico que permita detectar fortalezas, debilidades y oportunidades, y
por lo tanto, formular objetivos, asignar recursos y establecer un sistema
efectivo de evaluación, que muestre fallas y avances en materia de educación
económica y financiera en el país. Participaron, entre otros expertos
nacionales e internacionales, Nidia García, jefa de Educación Económica y
Financiera del Banco de la República de Colombia (Banrep); Sofía Ortega Tineo,
coordinadora regional para las Américas y el Caribe de Child & Youth Finance International; Roxanna Buendía, analista principal del departamento de
Educación e Inclusión Financiera de la Superintendencia de Bancos del Perú
(SBS); y el analista dominicano Alejandro Fernández W.
Bancarización vs Defensa del consumidor: pros y contras por regulación
de tarjetas. Posiciones a favor y en contra concitó el proyecto de ley de
Tarjetas de Crédito y Débito, en el marco de la vista pública organizada el
jueves de la semana pasada por la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados. Una de las críticas más categóricas la hizo la Asociación de
Bancos Comerciales (ABA), que advirtió que la eventual aprobación del proyecto “dejaría
a millones de usuarios sin acceso a financiamiento formal”, además de que “promovería
el financiamiento informal y generaría un proceso de desbancarización en el
país”.
Vista pública sobre el proyecto convocada por la Comisión de Hacienda (foto: Cámara de Diputados) |
Según ABA, la iniciativa -cuyo autor es el diputado Francisco Matos- establece
una tasa de usura “aun por debajo del tipo de interés que pretende fijar para
las tarjetas de crédito, situación que hace del proyecto de ley una pieza
incosistente”, en tanto que afectaría negativamente los financiamientos hacia las
pequeñas empresas “porque dicha tasa sería muy inferior a los costos propios
del microcrédito”. El proyecto, en cambio, fue apoyado por representantes de otras
organizaciones, como el Instituto Dominicano de Contadores (Icpard), la Asociación de
Amas de Casa, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del
Consumidor (Pro Consumidor) y la Asociación Dominicana por la Protección y Educación
del Consumidor.
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