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| Ministro Cárdenas hizo el anuncio en el Congreso de Asobancaria: "Es necesario ampliar y garantizar la inclusión financiera" (foto: Ministerio de Hacienda) |
(Mundo
Microfinanzas) El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, anunció
este jueves la presentación al Congreso de la República de un proyecto de ley
que busca ampliar la inclusión financiera a todo el territorio nacional con
menores costos y mayor número de operadores.
“No hay
ninguna estrategia que ayude más a dar el salto hacia el desarrollo que la
inclusión financiera”, dijo el funcionario durante su intervención en el V
Congreso de Acceso a Servicios Financieros, Sistemas y Herramientas de Pago,
organizado por la Asociación de Bancos de Colombia (Asobancaria), en Cartagena.
El
jefe de la cartera agregó que la iniciativa del gobierno pretende crear la
llamada licencia financiera simplificada que permitirá el nacimiento de
entidades especializadas en pagos, ahorros y depósitos (PAD).
“Esas
entidades sólo estarán facultadas para captar depósitos, no prestarán ni
invertirán los recursos del público, los cuales deberán ser depositados en el
Banco de la República o en un banco”, detalló Cárdenas.
En
la perspectiva del ministro, los costos de algunas transacciones en la
actualidad siguen siendo altos, por ejemplo con el cobro de hasta 10 mil pesos
por enviar un giro de 100 mil a un familiar en otra región del país.
“Lo
que queremos es crear un nuevo tipo de entidad que se encargue de hacer giros y
pagos a las personas, que preste servicios a bajos costos y que sea vigilada por
la Superintendencia Financiera para que no haya temor al nacimiento de
pirámides”, aseguró, en referencia a los mecanismos de captación informal que
inexorablemente defraudan a pequeños ahorrantes.
Entre
los beneficios adicionales que busca el gobierno con esta estrategia se destaca
el uso de menos dinero en efectivo para mejorar la seguridad de los colombianos
y apoyar el control al lavado de activos.
“Para
que los beneficios redunden en todos los ciudadanos es necesario ampliar y
garantizar la inclusión financiera porque genera más empleo, más oportunidades,
más beneficios y acceso al crecimiento. Apenas tres municipios de los 1.102 del
país no tienen presencia de una institución financiera, lo cual se ha logrado
con corresponsales no bancarios y el apoyo del sistema financiero, pero es
necesario reducir los costos de los servicios transaccionales, generar nuevos
canales y ampliar la cobertura a pequeñas poblaciones”, concluyó.
De
otro lado, ratificó el interés del gobierno del presidente Juan Manuel Santos
por eliminar gradualmente el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)
conocido como 4x1.000, considerando que frena el proceso de inclusión
financiera.
Reto a los
bancos
El
superintendente financiero adjunto, Juan Pablo Arango Arango, reseñó en el
congreso de Asobancaria algunos avances del país en materia de inclusión
financiera y destacó como primer argumento “la existencia de políticas de mediano
y largo plazo con incentivos adecuados que han permitido el desarrollo de la
iniciativa privada”.
“Todos los estudios internacionales ilustran cómo los países que
muestran progresos en el área de inclusión financiera han logrado amalgamar una
buena combinación de reglas claras y estables que han permitido, a su vez,
desarrollar modelos de negocio rentables y sostenibles”.
Para el directivo la regulación colombiana “ha mantenido los objetivos
prudenciales, reconociendo la realidad de un país con una geografía difícil y
extensa que introduce particularidades especiales en la prestación de los
servicios financieros”.
Arango aseguró ante los banqueros que “cuando se miran los resultados se
puede corroborar que Colombia ha perseverado en políticas públicas con una
visión de largo plazo que han facilitado el microcrédito, la bancarización, el
desarrollo de los corresponsales bancarios, la creación de productos
financieros de bajo costo y, más recientemente, de la banca móvil”.
El supervisor lanzó un reto a las entidades para una mayor articulación
y coordinación entre las distintas iniciativas de educación financiera (“es
evidente que actuando independientemente no se logra universalizar
adecuadamente”), exhortándolas a un compromiso más sistemático en la protección
al consumidor, no limitándose al cumplimiento normativo, sino propendiendo “por
el mejoramiento continuo de todo el esquema de atención al consumidor y de la
información que suministra a sus consumidores”.
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