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miércoles, 29 de enero de 2014

Políticas de incentivos al staff, en la saga de la comercialización


(Mundo Microfinanzas) “En gran medida lo que diferencia a las microfinanzas que han fracasado de las que han tenido éxito tiene que ver en última instancia con la gerencia, en particular la forma en que los miembros del personal han sido motivados y equipados para cumplir con sus tareas”.

Beatriz Armendáriz y Jonathan Morduch cierran su frondoso análisis de Economía de las Microfinanzas con un capítulo dedicado a la gerencia y, en particular, poniendo foco sobre las políticas de incentivo del personal en una microfinanciera.

Se trata de un tópico sensible y crucial. La reciente tendencia a la comercialización del sector microfinanciero ha puesto sobre el tapete algunas discusiones que, en los albores de la industria, apenas eran vislumbradas. Las fuentes de financiamiento y el acceso a los mercados de capitales es indudablemente una de estas manifestaciones. Los mecanismos que adopta la institución para incentivar la productividad de un empleado o de un oficial de crédito es otro de los efectos tributarios de la comercialización.

Desde luego que el debate perdería muchas de sus sutilezas si las microfinanzas no fueran lo que son, una actividad que debe observar la doble finalidad, a la vez social y financiera. Este carácter bifronte, anfibio de las microfinanzas, obliga a balancear su desempeño entre el propósito social de su misión (reducir o erradicar la pobreza, empoderar a trabajadores de cierta vulnerabilidad, generar empleos a partir de la capacidad emprendedora en contextos sociales desfavorecidos, etc) y la sostenibilidad financiera de la institución (lograr una autosuficiencia que le permita al menos cubrir los costos de su operación e idealmente que la lleve a prescindir de subsidios).

Disponer de una u otra estrategia para incentivar la eficiencia del staff no es algo inocuo en términos de esta problemática. Incentivar demasiado la productividad de un asesor de crédito puede comprometer aspectos ligados a la misión de la IMF. Y al revés: no incentivar lo suficiente puede poner en riesgo la viabilidad financiera y operativa de la institución.

Sabemos, además, que una inadecuada política de incentivos ha estado en el germen de algunas de las crisis en determinados mercados microfinancieros, como el de Andhra Pradesh, colapsado en 2010.

¿Cómo administrar este justo medio?

El objetivo de esta entrada es presentar sumariamente algunas de las estrategias trazadas por las instituciones de cara a esta disyuntiva ético-financiera, tomando alguna literatura sobre el tema.

De aspiradoras y microfinanzas

Antes de entrar en los exempla conviene hacer algunas distinciones. Entre el conjunto de instrumentos que tienen las IMFs para motivar a su personal, algunos pueden ser financieros (que impactan en la remuneración efectiva o de “bolsillo” del empleado) y no financieros (estímulos que suelen estar ligados a servicios, premios, distinciones honoríficas, y que pueden tener una incidencia monetaria indirecta); otra distinción posible es entre incentivos individuales y colectivos (por equipo de venta, por sucursal o corporativo); Armendáriz y Morduch distinguen además entre incentivos “poderosos” (cuando la recompensa está atada al logro de determinado resultado) y “poco poderosos” (cuando el empleado se asegura un ingreso pactado con independencia de los resultados).

A y M comienzan exponiendo un ejemplo adverso: la experiencia de Corposol en Colombia. Esta filial de Acción llegó a manejar una cartera superior a los US$ 38 millones, con más de 50 mil clientes en los suburbios de Bogotá. La defección de la entidad colombiana ocurrió tras la fijación de agresivas metas de crecimiento, que incluyeron una diversificación de productos y altas recompensas para el staff.

A fines de 1990, cada promotor de crédito era responsable de 258 clientes/promedio; en 1992 ese número trepó a 368; la tendencia siguió en alza en los años 1994 y 1995, al tiempo que la calidad de los préstamos pasaba a ser una preocupación secundaria.

Sobrevino un endeudamiento excesivo de las prestatarias y las tasas de incumplimiento, que previo a la crisis no llegaban al 2% de la cartera, crecieron a fines del ’94 al 8,6% para, a fines de 1996, ubicarse en un inmanejable 35,7%. Ese año se decretó su bancarrota.

Corposol pagó caro su imprudencia y su “ejemplaridad” debe de haber servido como aprendizaje para la industria en su conjunto.

Siguiendo el recorrido que proponen los autores de Economía de las Microfinanzas tenemos el caso de Prodem, en Bolivia, entidad de la que surgió BancoSol en 1992. La institución dispuso “una compleja y creativa matriz de incentivos” que incluyeron incentivos financieros y no financieros.

El libro cita al ex CEO de Prodem Eduardo Bozaberry, quien ha narrado la experiencia de la IMF boliviana con los incentivos al staff en un pequeño ensayo con el significativo título “No estamos vendiendo aspiradoras” (publicado en inglés, en el MicroBanking Bulletin, del MIX, We aren’t selling vacuum cleaners, abril de 2001). Bozaberry señala que la motivación por alcanzar la misión es inherente a la cultura organizacional.

“Los gerentes recuerdan regularmente a sus empleados de la contribución crítica de Prodem a las economías de comunidades remotas, y cuán importante y esencial es el desempeño de cada miembro del personal para que la institución cumpla con sus objetivos”.

Pero Prodem no llegó a este equilibrio por un golpe de inspiración, sino que debió atravesar fases de ensayo-error. El sistema de bonos individuales mensuales, implementado al principio, empujó a los miembros del personal a aumentar al máximo su propio interés, en desmedro de la institución. En 1996 cambió la estrategia: el incentivo pasó a ser un bono anual que se otorgaba al desempeño de cada sucursal. Pero esto trajo otro efecto colateral: desalentó la rotación del personal (los empleados eran renuentes a ser transferidos desde una “buena” sucursal a otra menos favorable) y redujo la cooperación y cohesión entre las sucursales.

Finalmente se decidió una recompensa basada en el desempeño de la institución en su conjunto y un variado menú de incentivos no financieros, entre los cuales se incluyó capacitación, mejoras en las condiciones de trabajo, oportunidades de promoción, beneficios de salud y hasta la oportunidad de gozar de un año sabático al cabo de diez años de servicio.

Mecanismos combinados

Otro de los ejemplos expuestos por A y M es el del banco microfinanciero BRI, en Indonesia. La experiencia de la entidad asiática es una combinación de incentivos.

El núcleo operativo del BRI son las “unidades”, especies de micro-sucursales desde donde se canalizan los préstamos y se toman depósitos. Desde 1983, cada “unidad” tiene su propia contabilidad y alto grado de autonomía. Cada semestre la gerencia superior asigna una serie de metas para las unidades: enrolar nuevos clientes, aumentar el tamaño de las cuentas ya existentes, mantener bajos los índices de mora, inducir ahorros, etc.

El BRI usa tres mecanismos combinados para incentivar a su personal al cumplimiento de las metas: un porcentaje de las ganancias de la unidad en la que trabaja, que no puede exceder 2,6 veces los salarios; bonos a nivel de todo el banco, que suelen ser aproximadamente el doble de la remuneración mensual de un empleado; y la posibilidad de que el personal conserve el 2% de las recaudaciones totales de los préstamos que el banco ha dado por perdidos (“esto hace saber a los clientes que es poco probable que el personal del banco deje pasar los incumplimientos del pago sin realizar un esfuerzo por que se cumplan las obligaciones”, explican los autores).

A y M señalan también algunos riesgos que entrañan los diferentes instrumentos, sobre todo aquellos con traducción financiera. Por caso “el riesgo de recompensar objetivos equivocados”: si se premia la magnitud de los préstamos, puede darse una presión “hacia arriba” de la escala social y desviar a la IMF de su misión; si en cambio se premia el número de préstamos la presión es “hacia abajo” y ello podría empeorar la calidad de la cartera.

Los incentivos apuntados al desempeño individual del asesor de crédito, por otra parte, pueden resultar en lo que A y M llaman “sesgos en la información”, esto es, trampas o engaños en el reporte contable de la información. 

Un prisma de indicadores

El consorcio Imp-Act, que surge a fines del siglo pasado como programa de investigación y que luego recibe financiamiento para asistir a IMFs en el desarrollo de sistemas internos que monitoreen el progreso de sus metas sociales y financieras, ha publicado un documento que ofrece un didáctico cuadro en el que se expone una serie de indicadores de incentivos, cada uno de los cuales asociado a determinados impactos sociales y financieros, a su vez positivos o negativos.

Entre los casos prácticos, Imp-Act comenta el de Prizma, una microfinanciera de Boznia y Herzegovina, que combina premios grupales e individuales. El esquema consiste en un bono colectivo que se calcula como producto de seis indicadores (cobertura, salida de clientes, productividad del personal, eficiencia administrativa, cancelaciones y tipo de clientes cubiertos) y un bono mensual individual para los asesores de crédito que surge de calcular cuatro indicadores de desempeño (cartera en riesgo, cantidad de préstamos desembolsados, cantidad de clientes activos y ratio de salida de los clientes).

Para concluir, los investigadores Andrew McKim y Matthew Hughart publicaron en 2005 los resultados de un relevamiento global (disponible en inglés) en el que se sondea las estrategias de las IMFs para abordar la cuestión de los incentivos al staff.

Los autores proponen tres posibles explicaciones al “drástico incremento” en la utilización de programas de incentivos por parte de las instituciones. En primer lugar, la publicación de literatura sobre este tema que empieza a estar disponible desde fines de los años ’90. Una segunda posibilidad es atribuida a la popularización de cursos de microfinanzas, como el programa de formación del Instituto Boulder, que estimula e instruye a las IMFs en la implementación de esquemas de incentivos. Una tercera explicación se vincula a la creciente comercialización de la industria.

Los datos del estudio seguramente merezcan alguna actualización. Pero vale a modo orientativo: entre las IMFs que reportaron el uso de algún dispositivo de premios, el salario fijo mensual promedio era de 295 dólares mientras que el componente variable del salario promedio de aquellos agentes con incentivos era de 160 dólares. Sin embargo, sólo un promedio del 72% de los oficiales de crédito era beneficiario del incentivo. Los resultados muestran que la magnitud promedio del incentivo era del 28%. En otras palabras: por cada 100 dólares de remuneración total, el oficial de crédito recibía 28 en concepto de incentivo.

Al discriminar por regiones, el estudio de McKim y Hughart indica que la magnitud promedio de incentivos era considerablemente más elevada en América Latina-Caribe y ligeramente más elevada en el Este de Europa y Asia Central respecto a las IMFs en África y el sur de Asia. En estas dos últimas regiones, además, prevalecía el premio colectivo o por sucursal, por sobre el individual.

La percepción de los directivos de las IMFs consultadas en la encuesta era, en general, positiva hacia las políticas de incentivos. Sin embargo se apuntaron algunos efectos negativos, como la disminución de la motivación entre los oficiales menos competentes para trabajar con incentivos; tensiones entre departamentos de la institución que tienen incentivos y aquellos que no tienen; celos por las recompensas que puedan recibir algunos; desvíos en la misión como consecuencia de apuntar a clientes de mayores ingresos o menos ruralizados; erosión en la calidad de la cartera, entre otros.

Como se ve, las políticas de incentivo comportan decisiones estratégicas que se asientan en terrenos delicados. Armendáriz y Morduch subrayan que “las microfinanzas son un tejido de relaciones sociales y económicas”. Vender electrodomésticos es otra cosa.

Referencias

Armendáriz, Beatriz y Morduch, Jonathan: Economía de las microfinanzas, Fondo de Cultura Económica, 2011, Ciudad de México (traducción de Roberto Reyes Mazzoni). Véase especialmente el capítulo XI "Gerencia y microfinanzas", págs. 387 a 424. Hay una versión online del libro disponible en su original en inglés The Economics of Microfinance, cuyo capítulo de marras es el 10, "Managing microfinance", págs. 257 a 287.

McKim, Andrew y Hughart, Matthew: Staff Incentive Schemes in Practice: Findings from a Global Survey of Microfinance Institutions, Microfinance Network y CGAP, 2005.

Imp-Act Consortium: Incentivos para empleados: Integrar la GDS en el fortalecimiento institucional de las microfinanzas, Nota Informativa (s/f).

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