(Mundo Microfinanzas) Un panel internacional organizado por el Fondo de Capital Social (Foncap) en Buenos Aires reunió a actores de Argentina, Uruguay y México que vienen actuando en el campo de las microfinanzas. El eje del debate fue “Microfinanzas y modelos de desarrollo”, con un acento puesto en el desenvolvimiento de la actividad en el marco de las políticas públicas y el rol de las bancas de desarrollo.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del vicepresidente ejecutivo del Foncap, Federico Ludueña, quien destacó el retraso en materia de inclusión financiera si se compara con el crecimiento económico de los últimos años en Argentina. Inmediatamente el moderador del foro, Oscar Monteguía, planteó el interés por vincular las estrategias de microfinanzas con los modelos de desarrollo. Y la importancia de analizar la experiencia en distintos países de América Latina, más allá de los esquemas, mejor conocidos, de los países andinos.
En primer lugar fue el turno de Mauro Alem, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina (BICE), quien señaló la necesidad de pensar las microfinanzas como una política de estado a largo plazo.
El directivo agregó que Argentina necesita evaluar estos instrumentos financieros para dar acceso al crédito a sectores que no lo tienen. El BICE, cuyo antecedente histórico es el ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade), está implementando políticas tendientes a llegar a las personas que no consiguen financiamiento.
Si bien aclaró que el grueso de los sujetos de crédito actuales del BICE sigue siendo el sector de la mediana empresa (52%), Alem deslizó la posibilidad de un acuerdo estratégico con alguna institución de microfinanzas para ampliar el espectro. Citó, por ejemplo, el caso de la estrategia en común fijada por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y las cajas populares en México.
Precisamente México siguió en el turno de las exposiciones. En representación de este país habló la coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), María del Carmen Díaz Amador. El organismo, creado en 2000 durante la presidencia de Vicente Fox, administra fondos de fideicomisos orientados al microemprendedor y la mujer rural (entre el 85 y 90 % de los clientes del programa son mujeres).
Díaz Amador explicó que la actividad financiera popular se remonta en México a los años ’30, con la creación de las cajas que, en la actualidad, suman más de seiscientas. A diferencia de éstas, que movilizan ahorro y abarcan mayores segmentos de público, las IMFs se concentran en el crédito y se perfilan específicamente al microempresario.
La directiva indicó que, en el año 2000, cualquier diseño de políticas públicas tropezaba con la falta de intermediarios financieros. Fue así que comenzaron trabajando con ocho organizaciones (entre ellas Compartamos, hoy devenido en el banco de microfinanzas más importante de América) hasta llegar a la actualidad con más de 150 ONGs crediticias. Anticipó que algunas de estas organizaciones pueden llegar a evolucionar a bancos regionales.
La regionalización, en México, señala las preferencias por los tipos de metodologías crediticias. En el sur, con un sustrato cultural indígena más importante, prevalece la banca comunal y los grupos solidarios. A medida que se avanza hacia el norte, se incrementa el crédito individual.
Una de las razones del éxito del programa, según Díaz Amador, fue dejar al arbitrio de estas instituciones la elección de la metodología y los procedimientos, puesto que conocen mejor que nadie las tradiciones y costumbres locales. Puso el ejemplo de una IMF de Querétaro, en el centro del país, que pide como garantía de crédito la firma de la abuela (en otro lugar, la garantía es la cama). La pobreza en México no es homogénea, explicó la coordinadora, por lo cual se necesitan de estas intermediarias.
También destacó de la experiencia de Pronafim: un programa de homologación de contabilidades de instituciones (con apoyo del BID); un plan de educación para el desarrollo (cómo brindar un mejor servicio al cliente) y un área de evaluación de impacto con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Finalmente fue el turno de Edgardo Demaestri, especialista en mercados de capitales e instituciones financieras del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien le tocó comentar aspectos vinculados a la experiencia uruguaya con el Programa de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo.
La situación inicial del programa, en 2007, era la de un mercado reducido y segmentado, falta de información, insuficiente acceso a servicios financieros y el microcrédito como única herramienta disponible.
El enfoque que adoptó el programa, expuso Demaestri, fue socio-productivo. Para llegar a los potenciales beneficiarios, se decidió por una combinación de herramientas: mejoramiento del marco para el funcionamiento del mercado, incremento de la infraestructura institucional, acceso de servicios financieros y formación de emprendedores y política de incentivos. Se buscó llegar al mayor espectro posible de microemprendedores (el criterio tuvo que sobreponerse a lo que consideraba el gobierno de entonces, que creía mejor enfocarse a los más pobres).
Lo diferencial del programa uruguayo, para Demaestri, es esta integralidad, tanto en lo que se refiere a beneficiarios como en la cobertura geográfica, componentes, servicios financieros y microcréditos (primero y segundo piso).
El economista enumeró algunos de los principales logros. El más importante, tal vez, es el de haber conseguido dar un marco para el funcionamiento de las microfinanzas en Uruguay donde, a diferencia de México, no hay una institucionalidad formal para su desarrollo como política pública. Pero también resaltó: el enfoque de regionalización y el trabajo con intendencias, la ley de usura (sancionada a fines de 2007), implementación de un observatorio de microfinanzas (junto al Instituto de Competitividad de la Universidad Católica, UCU), promoción del crédito productivo, primeras acciones para implementar una central de riesgos, ampliación de los productos (microseguro, microleasing y microfactoring, además del crédito), fortalecimiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) como banca de segundo piso, entre otros puntos.
Luego de las exposiciones, el auditorio transmitió algunas preguntas a los panelistas que fueron leídas por el moderador. De estas inquietudes, destacamos las palabras de Díaz Amador respecto a la experiencia de Banco Compartamos.
La coordinadora de Pronafim consideró a Compartamos, desde el punto de vista financiero, como un éxito. Fue la primera institución que trabajó con el programa, cuando tenía 15 mil clientes (hoy tiene 1,2 millones). Pero opinó que se trata de un caso único, excepcional, que probablemente no vuelva a repetirse. Y agregó un dato inquietante: el ahora banco opera en algunas partes de la geografía mexicana como un cuasi-monopolio, donde no pueden ingresar las instituciones que trabajan con Pronafim (que a través de sus intermediarias llega a unos dos millones de clientes).
El encuentro organizado por el Foncap se llevó a cabo en el salón Manuel Belgrano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del vicepresidente ejecutivo del Foncap, Federico Ludueña, quien destacó el retraso en materia de inclusión financiera si se compara con el crecimiento económico de los últimos años en Argentina. Inmediatamente el moderador del foro, Oscar Monteguía, planteó el interés por vincular las estrategias de microfinanzas con los modelos de desarrollo. Y la importancia de analizar la experiencia en distintos países de América Latina, más allá de los esquemas, mejor conocidos, de los países andinos.
En primer lugar fue el turno de Mauro Alem, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina (BICE), quien señaló la necesidad de pensar las microfinanzas como una política de estado a largo plazo.
El directivo agregó que Argentina necesita evaluar estos instrumentos financieros para dar acceso al crédito a sectores que no lo tienen. El BICE, cuyo antecedente histórico es el ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade), está implementando políticas tendientes a llegar a las personas que no consiguen financiamiento.
Si bien aclaró que el grueso de los sujetos de crédito actuales del BICE sigue siendo el sector de la mediana empresa (52%), Alem deslizó la posibilidad de un acuerdo estratégico con alguna institución de microfinanzas para ampliar el espectro. Citó, por ejemplo, el caso de la estrategia en común fijada por el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y las cajas populares en México.
Precisamente México siguió en el turno de las exposiciones. En representación de este país habló la coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), María del Carmen Díaz Amador. El organismo, creado en 2000 durante la presidencia de Vicente Fox, administra fondos de fideicomisos orientados al microemprendedor y la mujer rural (entre el 85 y 90 % de los clientes del programa son mujeres).
Díaz Amador explicó que la actividad financiera popular se remonta en México a los años ’30, con la creación de las cajas que, en la actualidad, suman más de seiscientas. A diferencia de éstas, que movilizan ahorro y abarcan mayores segmentos de público, las IMFs se concentran en el crédito y se perfilan específicamente al microempresario.
La directiva indicó que, en el año 2000, cualquier diseño de políticas públicas tropezaba con la falta de intermediarios financieros. Fue así que comenzaron trabajando con ocho organizaciones (entre ellas Compartamos, hoy devenido en el banco de microfinanzas más importante de América) hasta llegar a la actualidad con más de 150 ONGs crediticias. Anticipó que algunas de estas organizaciones pueden llegar a evolucionar a bancos regionales.
La regionalización, en México, señala las preferencias por los tipos de metodologías crediticias. En el sur, con un sustrato cultural indígena más importante, prevalece la banca comunal y los grupos solidarios. A medida que se avanza hacia el norte, se incrementa el crédito individual.
Una de las razones del éxito del programa, según Díaz Amador, fue dejar al arbitrio de estas instituciones la elección de la metodología y los procedimientos, puesto que conocen mejor que nadie las tradiciones y costumbres locales. Puso el ejemplo de una IMF de Querétaro, en el centro del país, que pide como garantía de crédito la firma de la abuela (en otro lugar, la garantía es la cama). La pobreza en México no es homogénea, explicó la coordinadora, por lo cual se necesitan de estas intermediarias.
También destacó de la experiencia de Pronafim: un programa de homologación de contabilidades de instituciones (con apoyo del BID); un plan de educación para el desarrollo (cómo brindar un mejor servicio al cliente) y un área de evaluación de impacto con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Finalmente fue el turno de Edgardo Demaestri, especialista en mercados de capitales e instituciones financieras del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien le tocó comentar aspectos vinculados a la experiencia uruguaya con el Programa de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo.
La situación inicial del programa, en 2007, era la de un mercado reducido y segmentado, falta de información, insuficiente acceso a servicios financieros y el microcrédito como única herramienta disponible.
El enfoque que adoptó el programa, expuso Demaestri, fue socio-productivo. Para llegar a los potenciales beneficiarios, se decidió por una combinación de herramientas: mejoramiento del marco para el funcionamiento del mercado, incremento de la infraestructura institucional, acceso de servicios financieros y formación de emprendedores y política de incentivos. Se buscó llegar al mayor espectro posible de microemprendedores (el criterio tuvo que sobreponerse a lo que consideraba el gobierno de entonces, que creía mejor enfocarse a los más pobres).
Lo diferencial del programa uruguayo, para Demaestri, es esta integralidad, tanto en lo que se refiere a beneficiarios como en la cobertura geográfica, componentes, servicios financieros y microcréditos (primero y segundo piso).
El economista enumeró algunos de los principales logros. El más importante, tal vez, es el de haber conseguido dar un marco para el funcionamiento de las microfinanzas en Uruguay donde, a diferencia de México, no hay una institucionalidad formal para su desarrollo como política pública. Pero también resaltó: el enfoque de regionalización y el trabajo con intendencias, la ley de usura (sancionada a fines de 2007), implementación de un observatorio de microfinanzas (junto al Instituto de Competitividad de la Universidad Católica, UCU), promoción del crédito productivo, primeras acciones para implementar una central de riesgos, ampliación de los productos (microseguro, microleasing y microfactoring, además del crédito), fortalecimiento de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) como banca de segundo piso, entre otros puntos.
Luego de las exposiciones, el auditorio transmitió algunas preguntas a los panelistas que fueron leídas por el moderador. De estas inquietudes, destacamos las palabras de Díaz Amador respecto a la experiencia de Banco Compartamos.
La coordinadora de Pronafim consideró a Compartamos, desde el punto de vista financiero, como un éxito. Fue la primera institución que trabajó con el programa, cuando tenía 15 mil clientes (hoy tiene 1,2 millones). Pero opinó que se trata de un caso único, excepcional, que probablemente no vuelva a repetirse. Y agregó un dato inquietante: el ahora banco opera en algunas partes de la geografía mexicana como un cuasi-monopolio, donde no pueden ingresar las instituciones que trabajan con Pronafim (que a través de sus intermediarias llega a unos dos millones de clientes).
El encuentro organizado por el Foncap se llevó a cabo en el salón Manuel Belgrano del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
