Los
grandes esfuerzos de facilitación de consenso por parte de las Naciones Unidas,
del gobierno de Brasil como anfitrión y de la masiva confluencia de ONGs,
movimientos y comunidades de todo el mundo, no bastaron para garantizar el giro
ansiado por muchos de los presentes respecto a la conducción de la política
ambiental global.
De
acuerdo con el Comité Nacional Organizador de Brasil para Rio+20, 45.381
personas participaron de la Cumbre Oficial y de los miles de eventos simultáneos,
entre los que se destacó la Cumbre de los Pueblos con presencia de centenares
de comunidades indígenas, movimientos sociales y ONGs. En total asistieron
cerca de 10 mil organizaciones de la sociedad civil y más de un centenar de jefes
de Estado junto a 12 mil delegados de 193 países y 4.075 periodistas
acreditados.
La
alta participación no permitió evadir una coyuntura de crisis sistémica y pocos
incentivos para la acción colectiva por parte de los Estados, que generaron
productos que parecen no estar a la altura de los desafíos del presente y
futuro inmediato. En un escenario actual muchísimo más complejo que hace 20
años, donde la vulnerabilidad de los ecosistemas es cada vez mayor, poniendo en
riesgo a la propia humanidad, las expectativas de Rio+20 estaban puestas en la
generación de acuerdos orientados a acciones globales y transformadoras y, en
su lugar, se obtuvieron declaraciones que requerirán de gran trabajo para que
se conviertan en hechos conducentes.
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| Lámina expuesta en Rio+20 (foto proporcionada por la autora) |
Sin
embargo, en el documento final aprobado se pueden identificar algunos avances
sustantivos entre los que se destacan la decisión de adoptar Objetivos de
Desarrollo Sustentable hacia 2015, la presencia de elementos que fortalecen la
capacidad de incidencia de la sociedad civil en las decisiones internacionales
(Principio 10), el reconocimiento de la necesidad de ir más allá del la
medición del PBI como indicador de desarrollo económico incorporando variables
como el bienestar humano o el capital natural, la decisión de fortalecer el Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en tanto marco institucional
para el desarrollo sustentable, la mención sobre la importancia de reformar las
estructuras de gobernanza de las instituciones financieras de Bretton Woods
ampliando y consolidando la participación de los países en desarrollo, la
inclusión del transporte en las discusiones sobre sustentabilidad, y el
reconocimiento de la importancia de las ciudades para avanzar hacia escenarios
más sustentables.
Asimismo,
fuera de los ámbitos oficiales y de acuerdo a lo informado, se firmaron 50
acuerdos entre gobiernos, 72 convenios entre la ONU y diversas ONGs, 226 entre
empresas y 243 entre universidades y escuelas, a los que se deben sumar todos
aquellos acuerdos de menor envergadura que no han alcanzado la difusión.
La
finalización de Rio+20 indica el rumbo de trabajo necesario para avanzar en
los desafíos y compromisos asumidos, así como también la responsabilidad de
mantener y fortalecer todas las redes e iniciativas que se crearon durante la
cumbre y que impregnaron la esperanza en la posibilidad de cambio real. Muchas
de estas señales se encienden cuando somos capaces de vislumbrar todos aquellos
otros procesos que van ocurriendo en paralelo a los espacios oficiales, e
incluso a nivel local o regional, donde se pueden apreciar cambios concretos,
sea en la implementación de planes de acción específicos, en la articulación de
nuevas plataformas de diálogo intersectoriales o multisectoriales, o
simplemente a nivel individual una mayor concientización general sobre la temática.
Tres iniciativas en particular apuntan en este sentido: la Unión Global por la Sustentabilidad, The Widening Circle y The Sustainability Treaties, todas
iniciativas abiertas que hacen un llamado a la acción global alentando la
participación y la colaboración entre individuos y organizaciones de todo el
mundo.
En
todos estos niveles de compromisos asumidos, se convierte en prioritario
fortalecer las instancias locales y regionales que permitan hacer el
seguimiento de estos acuerdos para incidir en políticas públicas de forma
sostenida y que impacten en las negociaciones internacionales para promover
mayores estándares de compromiso.
Rio+20 sentó posiciones sobre la necesidad de un nuevo paradigma de desarrollo,
basado en una nueva cosmovisión del mundo y su entorno modificando los patrones
de acumulación, producción y consumo para responder a las necesidades de la
población respetando los límites planetarios. La erradicación de la pobreza y
de las grandes desigualdades del actual sistema, se constituyen en pilares para
la construcción de este nuevo paradigma. A su vez dejó en claro que la crisis
económica, financiera y social vigente a nivel global, y que afecta en
particular a Europa y Estados Unidos, dificultan la posibilidad de que los Estados
y el sector privado liderado por las grandes corporaciones, sean receptivos a
invertir en el cambio de patrones de producción y consumo vigentes.
Es un
desafío complejo y múltiple construir un nuevo paradigma orientado a un estado
de mayor equidad en la distribución y acceso a los recursos, en base al respeto
por los derechos humanos y de la naturaleza; que invierta en incrementar la
resiliencia de las comunidades a los nuevos cambios. Avanzar hacia este
escenario implica un giro trascendental en la forma de valorar y considerar el
mundo que esté en sintonía con una nueva ética global del cuidado, la felicidad
y la prosperidad. Hacia allí deben dirigirse todos los esfuerzos de los Estados
y sus poderes, de los gobiernos locales, del sector privado y de la sociedad
civil en su conjunto.
Percepciones
personales
En
contacto con este blog, la autora nos transmitió algunas impresiones personales
de su participación en el evento, complementarias a este posicionamiento
institucional.
“Percepciones
de lo que fue y dejó la Cumbre
de Rio+20 hay tantas como personas participaron de ella. El documento que
finalmente firmaron los jefes de Estado tuvo fuertes críticas y tibias
defensas. Los países desarrollados lo apoyaron sin demasiado entusiasmo porque
se diluyó el concepto de economía verde que se había elaborado en el documento
original, conocido como “zero draft”. Los países que resultaron más satisfechos
con el documento final fueron los miembros del G77, bloque que incluye al
Mercosur”.
“La sociedad civil también
criticó el documento final porque no utilizó verbos más fuertes que ‘afianzar’,
‘promover’, ‘fortalecer’, etc. Fue así que las organizaciones ambientalistas
quedaron frustradas. Tanto fue así que se generó un documento de repudio llamado
El Futuro Que No Queremos”.
“Pero por otro lado, las
organizaciones sociales no ambientalistas vieron como positivo la ampliación
del debate, al considerarse los distintos aspectos del desarrollo sustentable,
que incluye a lo ambiental pero no de manera exclusiva”.
“Lamentablemente, los actores que
parecieron no encontrar su lugar en esta Cumbre fueron los legisladores de los
distintos países. Formaban parte de las delegaciones oficiales, pero sin tareas
específicas se los vio circular por distintos espacios sin roles definidos”.
La autora es Licenciada en
Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina (UCA). Es directora
general de la Fundación Directorio Legislativo, basada en Buenos Aires.
