(Enfoque, por Enzo Girardi – Mundo Microfinanzas) La Ley para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en República Dominicana, que aprobó el Congreso el 9 de diciembre pasado y el gobierno que encabeza el presidente Leonel Fernández se apresta a promulgar, representa un instrumento indispensable para consolidar las microfinanzas en el país y generar nuevos mecanismos de inclusión financiera y desarrollo social.
Mercedes Canalda, presidenta de la Red Dominicana de Microfinanzas (Redomif), que agrupa a las principales instituciones de financiamiento para mipymes, afirmó que "lo importante es que la ley no se convierta en una traba para el desarrollo de las empresas, que no se les pongan reglamentos que no puedan cumplir o cargas que las saquen del mercado”, en declaraciones que difundió el último jueves el portal de noticias ClaveDigital.com.
La iniciativa establece que las mipymes serán privilegiadas con el 15 por ciento de las compras de productos y servicios que requiera el Estado, y contempla un sistema de ventanilla única para el pago de impuestos y trámites legales con el objetivo de reducir costos y transacciones.
También establece que los empleados de las mipymes se incorporarán a la seguridad social bajo el régimen que les corresponda, y crea el Fomipyme, un fondo para promover el desarrollo de las empresas del sector y que se financiará de manera preferente con recursos del Estado.
La ley prevé que en 2012 dicho fondo deberá recibir el 1 por ciento del presupuesto nacional. El 90 por ciento de los fondos se destinaría a préstamos directos a mipymes y el 10 por ciento restante a préstamos a otras instituciones crediticias con un costo de intermediación no mayor al 6 por ciento.
Las mipymes emplean a 1,3 millones de personas y aportan el 23 por ciento del PIB dominicano. El 61,3 por ciento de ellas se encuentran radicadas en zonas urbanas y el 45 por ciento son dirigidas por mujeres, según datos del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
El acceso a las compras de bienes y servicios del Estado es una herramienta valorada por actores del sector, quienes la ven como una posibilidad para dinamizar sus actividades y fundar sus expectativas de expansión.
Apoyo y dudas
Isachaart Burgos, presidente de la Confederación Dominicana para la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), consideró que la posibilidad de convertir a las mipymes en proveedoras del Estado les permitirá afrontar en mejores condiciones los efectos locales de la crisis económica de alcance global.
Explicó que, según estimaciones de Confederación, las ventas del sector comercial se redujeron en diciembre pasado un 20 por ciento, mientras que en área industrial la caída ha sido de alrededor de un 30 por ciento, especialmente en los rubros muebles y textil.
La creación del Fomipyme, un fondo de garantías para respaldar los préstamos a las micro y pequeñas empresas, provocó, en cambio, reacciones diversas.
Francisco Abate, director ejecutivo de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), consideró que un fondo de garantías con aval del Estado podría movilizar recursos para las microfinanzas, pero que no necesariamente redundará en una disminución de las tasas de interés.
Burgos, por su parte, opinó que el fondo permitirá a las microempresas obtener financiamiento a mejores tasas de interés y advirtió que hoy el 50 por ciento de las mipymes no tiene acceso al crédito.
Verónica Ureña, secretaria de la Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas, puntualizó que la mayoría de los empresarios del sector tienen dificultades para acceder a la banca comercial y no tienen acceso a tasas preferenciales. Actualmente las tasas de interés oscilan entre el 38 y 48 por ciento en la mayoría de instituciones prestatarias.
Pero, más allá de los matices, los actores de las microfinanzas en este país del Caribe coinciden en describir a la nueva ley como el instrumento que puede señalar un hito en el desarrollo del sector.
La iniciativa ha sido concebida no sólo como una herramienta de regulación y gestión para las mipymes dominicanas, sino también como un instrumento para orientar el accionar financiero a la inclusión y el desarrollo social.
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| Mercedes Canalda (foto: BID) |
La iniciativa establece que las mipymes serán privilegiadas con el 15 por ciento de las compras de productos y servicios que requiera el Estado, y contempla un sistema de ventanilla única para el pago de impuestos y trámites legales con el objetivo de reducir costos y transacciones.
También establece que los empleados de las mipymes se incorporarán a la seguridad social bajo el régimen que les corresponda, y crea el Fomipyme, un fondo para promover el desarrollo de las empresas del sector y que se financiará de manera preferente con recursos del Estado.
La ley prevé que en 2012 dicho fondo deberá recibir el 1 por ciento del presupuesto nacional. El 90 por ciento de los fondos se destinaría a préstamos directos a mipymes y el 10 por ciento restante a préstamos a otras instituciones crediticias con un costo de intermediación no mayor al 6 por ciento.
Las mipymes emplean a 1,3 millones de personas y aportan el 23 por ciento del PIB dominicano. El 61,3 por ciento de ellas se encuentran radicadas en zonas urbanas y el 45 por ciento son dirigidas por mujeres, según datos del Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
El acceso a las compras de bienes y servicios del Estado es una herramienta valorada por actores del sector, quienes la ven como una posibilidad para dinamizar sus actividades y fundar sus expectativas de expansión.
Apoyo y dudas
Isachaart Burgos, presidente de la Confederación Dominicana para la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), consideró que la posibilidad de convertir a las mipymes en proveedoras del Estado les permitirá afrontar en mejores condiciones los efectos locales de la crisis económica de alcance global.
Explicó que, según estimaciones de Confederación, las ventas del sector comercial se redujeron en diciembre pasado un 20 por ciento, mientras que en área industrial la caída ha sido de alrededor de un 30 por ciento, especialmente en los rubros muebles y textil.
La creación del Fomipyme, un fondo de garantías para respaldar los préstamos a las micro y pequeñas empresas, provocó, en cambio, reacciones diversas.
Francisco Abate, director ejecutivo de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), consideró que un fondo de garantías con aval del Estado podría movilizar recursos para las microfinanzas, pero que no necesariamente redundará en una disminución de las tasas de interés.
Burgos, por su parte, opinó que el fondo permitirá a las microempresas obtener financiamiento a mejores tasas de interés y advirtió que hoy el 50 por ciento de las mipymes no tiene acceso al crédito.
Verónica Ureña, secretaria de la Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas, puntualizó que la mayoría de los empresarios del sector tienen dificultades para acceder a la banca comercial y no tienen acceso a tasas preferenciales. Actualmente las tasas de interés oscilan entre el 38 y 48 por ciento en la mayoría de instituciones prestatarias.
Pero, más allá de los matices, los actores de las microfinanzas en este país del Caribe coinciden en describir a la nueva ley como el instrumento que puede señalar un hito en el desarrollo del sector.
La iniciativa ha sido concebida no sólo como una herramienta de regulación y gestión para las mipymes dominicanas, sino también como un instrumento para orientar el accionar financiero a la inclusión y el desarrollo social.
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