(Por Rosa Matilde Guerrero M. y Ruth Arregui Solano,
para Mundo Microfinanzas) El dinero móvil es un medio de pago; en sentido estricto, se trata de uno de los
elementos que componen los “sistemas de prepago o valor almacenado”, un valor monetario, por tanto exigible a su emisor, y se almacena en un soporte electrónico.
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| foto: Comisión Europea |
El dinero móvil se ha
constituido en una de las herramientas que podrían promover los procesos de
inclusión financiera de los países, es decir, la incorporación de la población
no incluida al sistema financiero formal, la cual en general se caracteriza por
tener bajos ingresos y corresponder a los menores quintiles, tener propiedades
no registradas o mal registradas, trabajo no
formal, características que en general no los califica como clientes aptos para
una cuenta corriente o un crédito, al menos en el sistema financiero formal.
Es claro que la política
pública debería articular su accionar con el sector privado, a través de
medidas que incentiven la inclusión financiera de los individuos. Por parte del
Estado, como mínimo, estas medidas son de distinto tipo:
- Sociales: educación financiera;
- Institucionales-legales: la
carga regulatoria debe ser adecuada; los impuestos a las transacciones
financieras suelen actuar como desincentivadores; impulsar incentivos
tributarios a cuentas de bajo valor; respecto a la calidad del marco legal: ley
de derechos de deudores y acreedores y derechos de propiedad;
- Financieros: incentivos
que promuevan eficientemente una cobertura geográfica de las sucursales de las instituciones
financieras; registros de calidad de deudores.
Por parte del sector privado
es necesario mejorar la eficiencia para reducir costos de mantenimiento de
cuentas bancarias.
La relevancia de una política
pública, como la explicada, es tratada en un excelente estudio titulado Financial Inclusion and Development: Recent Impact Evidence, del CGAP (R. Cull, T.
Ehrbeck y N. Holle, abril de 2014). Entre lo principal, el estudio concluye que
los procesos de inclusión financiera han impactado positivamente en los hogares
más pobres, específicamente en su vida cotidiana y su actividad económica; a
nivel macroeconómico mejorando el crecimiento y el empleo; a la vez ha
contribuido a mejorar la eficacia y ejecución eficiente de los pagos del
gobierno de transferencias netas de protección social, al reducir
significativamente los costos de transacción y aumentar su alcance.
Por tanto, los países en
general llevan adelante políticas públicas comprensivas de inclusión financiera
y han convenido en algunos indicadores para medirlas, a través de dos grandes
líneas: i) Acceso: penetración
de la infraestructura del sistema financiero en cuanto a disponibilidad de ofrecer servicios y
productos financieros (puntos de contacto, canales de acceso,
perspectiva de oferta); y, ii) Uso:
población contrata productos o servicios financieros y los utiliza con
frecuencia; se refiere a la demanda.
Ecuador, si bien ha
realizado esfuerzos por avanzar en los temas de inclusión financiera, aún tiene
retos que atender si se compara con América Latina, como vemos en los
siguientes datos: desde el acceso, Ecuador tiene indicadores por debajo de la
región en adultos con cuentas en una institución financiera formal (37% vs 39%)
y mujeres adultas con cuentas en una institución financiera formal (33% vs
35%). Desde el uso, Ecuador va a la zaga de América Latina en porcentaje de
adultos con algún tipo de cuenta regulada de depósitos o ahorro (16% vs 20%) y
en cambio supera a sus vecinos en préstamos de una institución financiera en el
último año (11% vs 8%). Los datos son elaborados a partir de la base Global Findex, del Banco Mundial (2011).
Hace pocos días el gobierno
ecuatoriano, vía Banco Central del Ecuador (BCE), emitió la Regulación N° 055-2014 sobre Dinero Electrónico, donde en su artículo 1º define que el dinero electrónico: a)
Es aceptado con poder liberatorio ilimitado y de libre circulación, reconocido
como medio de pago por todos los agentes económicos en el Ecuador y para el
pago de obligaciones públicas de conformidad con las normas que dicte el organismo
regulatorio competente; b) Es convertible en efectivo a valor nominal; y, c) Es
emitido privativamente por el Banco Central del Ecuador sobre la base de las
políticas y regulaciones que expida el organismo regulatorio competente y por
ende se registra en el pasivo de la institución.
Como
se conoce a nivel de mejores prácticas internacionales, los modelos de dinero
móvil son de diferente tipo y su diseño e implementación debe ser evaluada de
acuerdo a las condiciones de los integrantes o partícipes del proceso, pues se
supone serán los articuladores del mismo; ellos son: público en general, que
son quienes demandan; compañías de telecomunicación; instituciones financieras
de la economía popular y solidaria, del sector privado, del sector público,
entre otros.
En
este sentido el dinero móvil, para que sea útil como
medio de pago, debe ser demandado por
los usuarios, por el público, para lo cual la confianza y la seguridad de los clientes son elementos
fundamentales, no puede ser impuesto por regulación. Ni parecería adecuado que
sea un pasivo del BCE, más aún sin señalar con claridad contra qué se lo
emitiría; temas no claros en la norma citada. Tan es así que la gerencia general
del BCE, desde el 3 de junio, ha comenzado a publicar una serie de normativa
reglamentaria buscando aclarar el asunto.
Adicionalmente, se debe
tener en cuenta la principal crítica al dinero
electrónico como elemento de inclusión financiera, cual es, que puede no estar
asociado directamente a una cuenta de depósito. En tal sentido, las personas de
bajos ingresos tendrán posteriormente más dificultades de acceder al crédito;
sin embargo se debe mencionar que permite a la población familiarizarse con
operaciones sencillas de pagos y traspasos, con lo cual es fundamental
acompañar estos procesos con una fuerte educación financiera.
Sobre las autoras: Rosa Matilde Guerrero M. es presidente de la consultora Finanzas y Cooperativas y representante en América Latina de la Universidad Alcalá de Henares (UAH); Ruth Arregui Solano es gerente general de Finanzas y Cooperativas.
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