(Mundo
Microfinanzas) El Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural (Rimisp)
presentó su Informe
Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, un estudio que
aporta nueva información sobre enormes inequidades territoriales en la región,
que afecta principalmente a poblaciones rurales, pequeñas, con una porción
importante de indígenas y relaciones de género marcadamente desiguales.
Josefina Stubbs (foto: Diana Dultzin) |
El informe,
que contó con el apoyo del canadiense Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo (IDRC-CRDI)
y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
aborda las dimensiones de educación, salud, dinamismo económico y empleo,
ingreso y pobreza, seguridad ciudadana y género en diez países del
subcontinente: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Nicaragua y Perú.
El lanzamiento
de este estudio (editado como libro) ya se hizo en México (en abril) y en
Chile, la semana pasada. Algunas de las revelaciones fueron las siguientes:
Casi un 60%
de los mexicanos que viven en pobreza extrema se encuentra en localidades
rurales, realidad que se mantiene invariable desde hace dos décadas. Así, las
desigualdades que se manifiestan entre las municipalidades de México son
comparables a las brechas que se observan entre los países más pobres y los más
ricos del mundo. Ejemplo de estas diferencias extremas es que el PIB per cápita
medio de los diez municipios más ricos es de US$ 32.719, mientras que el de los
más pobres es de sólo US$ 603.
“Para
México, la investigación reconoce que las diferencias se arrastran hace décadas
y que en el campo aún prevalecen desigualdades territoriales del norte y del
sur, y entre los productores de subsistencia y los comerciales”, afirmó Josefina Stubbs, directora de
la división América Latina y el Caribe del FIDA.
“El primer
paso para cerrar estas brechas es empoderar a los pequeños productores y
empresarios rurales para que puedan tomar las riendas de su propio destino, y
convertir a la agricultura familiar en un emprendimiento rentable y
sostenible”, agregó.
Uno de las
hipótesis inquietantes que el estudio postula es que las políticas públicas
sectoriales no son neutras ante la desigualdad territorial, pues una misma
política puede contribuir al desarrollo de un territorio, no tener impacto en
otros y afectar negativamente a un tercero. Es lo que se ha mostrado, por
ejemplo, con la política de educación escolar en Chile.
Según la
investigación, los problemas que afectan a la política educacional chilena
radican en su diseño y aplicación, sin un modelo de desarrollo territorial y
sin la participación de los actores responsables de la gestión educativa.
Se analizan
como elementos negativos de esta política: el reemplazo de la concepción de
Estado Docente por un Estado subsidiario; transferencia de responsabilidades
hacia municipios y al sector privado subvencionado, sin definir su rol, sin
hacer visible su responsabilidad en el ámbito técnico pedagógico; la aplicación
de un sistema universal de voucher (subsidio a la demanda); y la doble
dependencia de los establecimientos escolares: del municipio en el plano
administrativo-financiero, y del Ministerio en el plano técnico-pedagógico.
Para el
equipo de investigación chileno -integrado por Luis Bertoglia, Dagmar Raczynski y Consuelo
Valderrama- “darle un tratamiento homogéneo a una realidad claramente
heterogénea es una debilidad clave de la política educacional en Chile, que
debiera considerar la particularidad de los territorios y desde allí dar inicio
a una ‘reconstrucción’ de una política nacional”.
Capacidades
locales
En el
cuarto capítulo del informe-libro se dan a conocer algunas experiencias que se
consideran exitosas en materia de superación de la pobreza a través del
involucramiento de actores locales y territoriales. Son los casos del proyecto Sierra Sur, localizado en 120 distritos
de la sierra alta de Perú, del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
del gobierno peruano, con financiamiento del FIDA.
Otro
ejemplo es la experiencia en el sur del departamento colombiano de Santander Territorio Solidario, un
proceso social, cultural y económico que impacta en más de 430 mil habitantes
en 52 municipios, donde se ha construido una sólida red cooperativa asociada en
vivienda, producción y ahorro y crédito.
Referencia
Pobreza
y Desigualdad. Informe Latinoamericano 2011 (Rimisp, IDRC-CRDI, FIDA; Santiago
de Chile, marzo de 2012).
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