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martes, 15 de mayo de 2012

Pobreza rural: Un mapa de las desigualdades en América Latina


(Mundo Microfinanzas) El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) presentó su Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, un estudio que aporta nueva información sobre enormes inequidades territoriales en la región, que afecta principalmente a poblaciones rurales, pequeñas, con una porción importante de indígenas y relaciones de género marcadamente desiguales.

Josefina Stubbs
(foto: Diana Dultzin)
El informe, que contó con el apoyo del canadiense Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC-CRDI) y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), aborda las dimensiones de educación, salud, dinamismo económico y empleo, ingreso y pobreza, seguridad ciudadana y género en diez países del subcontinente: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.

El lanzamiento de este estudio (editado como libro) ya se hizo en México (en abril) y en Chile, la semana pasada. Algunas de las revelaciones fueron las siguientes:

Casi un 60% de los mexicanos que viven en pobreza extrema se encuentra en localidades rurales, realidad que se mantiene invariable desde hace dos décadas. Así, las desigualdades que se manifiestan entre las municipalidades de México son comparables a las brechas que se observan entre los países más pobres y los más ricos del mundo. Ejemplo de estas diferencias extremas es que el PIB per cápita medio de los diez municipios más ricos es de US$ 32.719, mientras que el de los más pobres es de sólo US$ 603.

“Para México, la investigación reconoce que las diferencias se arrastran hace décadas y que en el campo aún prevalecen desigualdades territoriales del norte y del sur, y entre los productores de subsistencia y los comerciales”, afirmó Josefina Stubbs, directora de la división América Latina y el Caribe del FIDA.

“El primer paso para cerrar estas brechas es empoderar a los pequeños productores y empresarios rurales para que puedan tomar las riendas de su propio destino, y convertir a la agricultura familiar en un emprendimiento rentable y sostenible”, agregó.

Uno de las hipótesis inquietantes que el estudio postula es que las políticas públicas sectoriales no son neutras ante la desigualdad territorial, pues una misma política puede contribuir al desarrollo de un territorio, no tener impacto en otros y afectar negativamente a un tercero. Es lo que se ha mostrado, por ejemplo, con la política de educación escolar en Chile.

Según la investigación, los problemas que afectan a la política educacional chilena radican en su diseño y aplicación, sin un modelo de desarrollo territorial y sin la participación de los actores responsables de la gestión educativa.

Se analizan como elementos negativos de esta política: el reemplazo de la concepción de Estado Docente por un Estado subsidiario; transferencia de responsabilidades hacia municipios y al sector privado subvencionado, sin definir su rol, sin hacer visible su responsabilidad en el ámbito técnico pedagógico; la aplicación de un sistema universal de voucher (subsidio a la demanda); y la doble dependencia de los establecimientos escolares: del municipio en el plano administrativo-financiero, y del Ministerio en el plano técnico-pedagógico.

Para el equipo de investigación chileno -integrado por Luis Bertoglia, Dagmar Raczynski y Consuelo Valderrama- “darle un tratamiento homogéneo a una realidad claramente heterogénea es una debilidad clave de la política educacional en Chile, que debiera considerar la particularidad de los territorios y desde allí dar inicio a una ‘reconstrucción’ de una política nacional”.

Capacidades locales

En el cuarto capítulo del informe-libro se dan a conocer algunas experiencias que se consideran exitosas en materia de superación de la pobreza a través del involucramiento de actores locales y territoriales. Son los casos del proyecto Sierra Sur, localizado en 120 distritos de la sierra alta de Perú, del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural del gobierno peruano, con financiamiento del FIDA.

Otro ejemplo es la experiencia en el sur del departamento colombiano de Santander Territorio Solidario, un proceso social, cultural y económico que impacta en más de 430 mil habitantes en 52 municipios, donde se ha construido una sólida red cooperativa asociada en vivienda, producción y ahorro y crédito.

Referencia

Pobreza y Desigualdad. Informe Latinoamericano 2011 (Rimisp, IDRC-CRDI, FIDA; Santiago de Chile, marzo de 2012).

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