(Mundo Microfinanzas) El microcrédito se “coló” en estos últimos de campaña en España a propósito de recientes hechos de violencia de género ocurridos en el país.
Tanto José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como Mariano Rajoy del Partido Popular (PP), principales contendientes para la elección a presidente del próximo domingo, propusieron este instrumento como primera medida para la asistencia de mujeres maltratadas. Ambos insinuaron incluso la posibilidad de aunar una política en común.
Sin embargo sería injusto reducir la problemática microfinanciera del país a un circunstancial episodio de campaña, por dramático que fuera. Las microfinanzas en España tienen una dinámica y especificidad propias.
Las Cajas son quienes introdujeron el microcrédito a principios de los 90.
Estas organizaciones -de carácter privado, pero con fines sociales- tienen fuerte raíz local y se ocupan de canalizar el ahorro y crédito popular. Existen más de cuarenta nucleadas en la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA). Las más activas en materia de microfinanzas son Caixa Catalunya, La Caixa (que lanzó el año pasado Microbank, especializado en microcréditos), Caixa Galicia, CajaSur y Caja Canarias, entre otras.
También es importante la actividad de la Fundación BBVA Microfinanzas, creada hace poco más de un año, con un capital de 200 millones de euros y la meta de desarrollar una red microfinanciera para Iberoamérica.
Los beneficiarios de microcréditos, dentro de España, tienen un perfil de exclusión social más o menos homogéneo: mayores de 45 años, inmigrantes, mujeres, desempleados o personas con discapacidad. Los montos van desde los 3 mil hasta los 27 mil euros, según cada situación.
Desde el sector público, el microcrédito se moviliza fundamentalmente a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) -creado en 2002 durante la gestión de José María Aznar- y el Fondo de Concesión de Microcréditos (FCM) impulsado por el actual gobierno, en el marco de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
El compromiso de la actual gestión con el microcrédito se vio expresado, en estos cuatro años, por importantes acciones de financiación orientadas a la lucha contra la pobreza en países del llamado “tercer mundo” y al desarrollo de microemprendimientos productivos y sostenibles.
Por sólo mencionar las más recientes, a comienzos de este año España otorgó un préstamo de 15 millones de euros para la Fundación marroquí Zakoura, que gestionará un programa destinado a 40 mil nuevos pequeños empresarios en África del norte.
En noviembre de 2007, a su vez, se anunció un crédito global de 24 millones de euros para cinco organizaciones y bancos que prestan a pobres: Banco de la Microempresa de Perú, ACME de Haití, Opportunity Banka de Serbia y National Microfinance Bank y Jordan Micro Credit Company, estos dos últimos de Jordania.
En agosto del mismo año fueron otros 30 millones de euros para instituciones de siete países, entre las cuales se incluyeron Banco Solidario y Cooperativa de Ahorro y Crédito de Riobamba (de Ecuador), Financiera El Comercio de Paraguay, Fundación para el Desarrollo Económico Rural de Nicaragua y la Dakahlya Bussinessme's Association For Community Development de Egipto, entre otras.
La política en microfinanzas también miró hacia dentro de Europa y prioritariamente el sur: el PSOE, junto a otras agrupaciones de centroizquierda, impulsó en el seno del Parlamento Europeo la “Declaración por escrito del Microcrédito”, en la que se exhorta a reforzar el microfinanciamiento en los países ubicados sobre la cuenca mediterránea.
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| José Luis Rodríguez Zapatero |
Sin embargo sería injusto reducir la problemática microfinanciera del país a un circunstancial episodio de campaña, por dramático que fuera. Las microfinanzas en España tienen una dinámica y especificidad propias.
Las Cajas son quienes introdujeron el microcrédito a principios de los 90.
Estas organizaciones -de carácter privado, pero con fines sociales- tienen fuerte raíz local y se ocupan de canalizar el ahorro y crédito popular. Existen más de cuarenta nucleadas en la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA). Las más activas en materia de microfinanzas son Caixa Catalunya, La Caixa (que lanzó el año pasado Microbank, especializado en microcréditos), Caixa Galicia, CajaSur y Caja Canarias, entre otras.
También es importante la actividad de la Fundación BBVA Microfinanzas, creada hace poco más de un año, con un capital de 200 millones de euros y la meta de desarrollar una red microfinanciera para Iberoamérica.
Los beneficiarios de microcréditos, dentro de España, tienen un perfil de exclusión social más o menos homogéneo: mayores de 45 años, inmigrantes, mujeres, desempleados o personas con discapacidad. Los montos van desde los 3 mil hasta los 27 mil euros, según cada situación.
Desde el sector público, el microcrédito se moviliza fundamentalmente a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) -creado en 2002 durante la gestión de José María Aznar- y el Fondo de Concesión de Microcréditos (FCM) impulsado por el actual gobierno, en el marco de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
El compromiso de la actual gestión con el microcrédito se vio expresado, en estos cuatro años, por importantes acciones de financiación orientadas a la lucha contra la pobreza en países del llamado “tercer mundo” y al desarrollo de microemprendimientos productivos y sostenibles.
Por sólo mencionar las más recientes, a comienzos de este año España otorgó un préstamo de 15 millones de euros para la Fundación marroquí Zakoura, que gestionará un programa destinado a 40 mil nuevos pequeños empresarios en África del norte.
En noviembre de 2007, a su vez, se anunció un crédito global de 24 millones de euros para cinco organizaciones y bancos que prestan a pobres: Banco de la Microempresa de Perú, ACME de Haití, Opportunity Banka de Serbia y National Microfinance Bank y Jordan Micro Credit Company, estos dos últimos de Jordania.
En agosto del mismo año fueron otros 30 millones de euros para instituciones de siete países, entre las cuales se incluyeron Banco Solidario y Cooperativa de Ahorro y Crédito de Riobamba (de Ecuador), Financiera El Comercio de Paraguay, Fundación para el Desarrollo Económico Rural de Nicaragua y la Dakahlya Bussinessme's Association For Community Development de Egipto, entre otras.
La política en microfinanzas también miró hacia dentro de Europa y prioritariamente el sur: el PSOE, junto a otras agrupaciones de centroizquierda, impulsó en el seno del Parlamento Europeo la “Declaración por escrito del Microcrédito”, en la que se exhorta a reforzar el microfinanciamiento en los países ubicados sobre la cuenca mediterránea.
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