(Mundo Microfinanzas) Los indicadores del sistema cooperativo regulado de Ecuador son los mejores de la región andina por sus niveles de liquidez, solvencia y nivel de penetración dentro de la estructura económico-social, según el "Diagnostico del estado de supervisión y marco regulatorio de las cooperativas de la región", divulgado durante el III Encuentro de Superintendentes de la Región Andina, que tuvo lugar en Bogotá.
Entre enero de 2006 y diciembre de 2009, las cooperativas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS) registraron en conjunto un crecimiento del 23,3 por ciento de sus activos, un 24,5 por ciento de sus pasivos y un 18,1 por ciento de su patrimonio. Hubo un repunte del 19 por ciento de sus ingresos y del 18,3 por ciento de sus resultados.
Las cooperativas son uno de los principales vehículos de penetración financiera entre los segmentos poblacionales de menores ingresos en la región, al facilitar acceso a servicios y financiamiento, especialmente en el área rural, por lo que los cuatro países (junto a Colombia, Perú y Bolivia) requieren fortalecer el marco regulatorio y de supervisión para blindar a estas instituciones ante riesgos provenientes del manejo de su liquidez, cartera, operación y mercado, sugiere el informe.
El desafío de los reguladores de los cuatro países, incluido Ecuador, es instrumentar un sistema de control asociado al tamaño relativo de las entidades para asegurar que la normativa no vuelva inviable su fortalecimiento o frene su crecimiento reportado en los últimos años, considerando igualmente el de las cooperativas pequeñas por su alto potencial de riesgo reputacional sectorial y repercusión social.
“Hay que construir otro enfoque de supervisión porque las cooperativas no se crean por sí mismas para la generación de utilidades sino para la entrega de beneficios sociales. En este trabajo nos encontramos concentrados para expedir regulaciones efectivas y aplicar controles acordes con el perfil de las entidades”, dijo la superintendente de Bancos, Gloria Sabando, a través de un comunicado
“Aquí la clave es la sostenibilidad en el largo plazo”, agregó la funcionaria en la capital colombiana al comentar el documento, en el que se destacaron los aportes sociales de las cooperativas, pero igualmente los riesgos que implica un crecimiento desordenado y su impacto en las finanzas fiscales ante quiebras potenciales. En la región andina operan al menos 494 de estas instituciones.
En el caso específico de Ecuador, el informe destaca los esfuerzos de la SBS y otras instituciones estatales por instrumentar mecanismos de resolución de eventuales quiebras, la provisión de liquidez para cubrir desfases entre activos y pasivos, ampliar el radio de acción del ente regulador, crear un seguro de depósitos y aminorar los riesgos generados por la constitución misma de las cooperativas dada su conformación a través de la unificación de socios y la prestación de servicios a terceros.
El informe no incluyó a las aproximadamente 1.200 cooperativas bajo control del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador. Únicamente analizó los indicadores de las 42 instituciones bajo control de la Superintendencia.
El informe fue contratado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de un proyecto de cooperación con las instituciones de regulación de los cuatro países andinos para contribuir al fortalecimiento del marco de regulación y supervisión de las cooperativas, con un enfoque basado en las mejores prácticas de gobierno corporativo.
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| Gloria Sabando |
Las cooperativas son uno de los principales vehículos de penetración financiera entre los segmentos poblacionales de menores ingresos en la región, al facilitar acceso a servicios y financiamiento, especialmente en el área rural, por lo que los cuatro países (junto a Colombia, Perú y Bolivia) requieren fortalecer el marco regulatorio y de supervisión para blindar a estas instituciones ante riesgos provenientes del manejo de su liquidez, cartera, operación y mercado, sugiere el informe.
El desafío de los reguladores de los cuatro países, incluido Ecuador, es instrumentar un sistema de control asociado al tamaño relativo de las entidades para asegurar que la normativa no vuelva inviable su fortalecimiento o frene su crecimiento reportado en los últimos años, considerando igualmente el de las cooperativas pequeñas por su alto potencial de riesgo reputacional sectorial y repercusión social.
“Hay que construir otro enfoque de supervisión porque las cooperativas no se crean por sí mismas para la generación de utilidades sino para la entrega de beneficios sociales. En este trabajo nos encontramos concentrados para expedir regulaciones efectivas y aplicar controles acordes con el perfil de las entidades”, dijo la superintendente de Bancos, Gloria Sabando, a través de un comunicado
“Aquí la clave es la sostenibilidad en el largo plazo”, agregó la funcionaria en la capital colombiana al comentar el documento, en el que se destacaron los aportes sociales de las cooperativas, pero igualmente los riesgos que implica un crecimiento desordenado y su impacto en las finanzas fiscales ante quiebras potenciales. En la región andina operan al menos 494 de estas instituciones.
En el caso específico de Ecuador, el informe destaca los esfuerzos de la SBS y otras instituciones estatales por instrumentar mecanismos de resolución de eventuales quiebras, la provisión de liquidez para cubrir desfases entre activos y pasivos, ampliar el radio de acción del ente regulador, crear un seguro de depósitos y aminorar los riesgos generados por la constitución misma de las cooperativas dada su conformación a través de la unificación de socios y la prestación de servicios a terceros.
El informe no incluyó a las aproximadamente 1.200 cooperativas bajo control del Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador. Únicamente analizó los indicadores de las 42 instituciones bajo control de la Superintendencia.
El informe fue contratado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de un proyecto de cooperación con las instituciones de regulación de los cuatro países andinos para contribuir al fortalecimiento del marco de regulación y supervisión de las cooperativas, con un enfoque basado en las mejores prácticas de gobierno corporativo.
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