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jueves, 17 de julio de 2014

Retos de la inclusión financiera en Honduras

Co-autora de este artículo Ruth Arregui durante la reciente conferencia
centroamericana y del Caribe de microfinanzas en Punta Cana.
Una política de inclusión financiera en Honduras, bajo análisis
.

(Por Rosa Matilde Guerrero, Ruth Arregui Solanos y Ana Cristina Pereira, para Mundo Microfinanzas) Entendemos por inclusión financiera a los procesos que buscan mejorar el acceso de la población de los quintiles de menores ingresos (fundamentalmente mujeres y jóvenes) y el uso de los servicios financieros (medios de pago, ahorro y crédito).

De acuerdo al Informe de Competitividad Global 2013 -2014, del Foro Económico Mundial, pese a los avances logrados, Honduras tiene algunas tareas pendientes que realizar en términos de disponibilidad de los servicios financieros y facilidad de acceso al crédito.

De la misma manera, conforme a los datos de la encuesta Global Findex 2011, en Honduras existe trabajo por hacer en cuanto a acceso (porcentaje de la población mayor a 15 años con una cuenta en una institución financiera formal: Honduras 22%, promedio de América Latina 39%) y uso (porcentaje de la población adulta con algún tipo de cuenta de depósito o ahorro: Honduras 9%, promedio de América Latina 10%).

Según información de la red de microfinancieras (Redmicroh), la distribución de la cartera de préstamos del sistema financiero hondureño, al 31 de Marzo 2012, supera los 168,1 millones de lempiras, de los cuales el 89% corresponde al sistema bancario representado por la Ahiba, el 6,3% a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Facach), el 2.8% a Redmicroh y el 1,6% a las sociedades financieras.

Con datos a 2012, a partir de analizar información estadística disponible en la CNBS, Facach, Redmicroh y otras fuentes, se obtuvo que en términos de cobertura física sólo el 48% del total de municipios, esto es 104 municipios, tiene presencia de algún tipo de intermediario financiero; en 46 de ellos existe presencia de un solo tipo de intermediario financiero; en 31 municipios sólo presencia de bancos; en otros 13 municipios sólo cooperativas de ahorro y crédito y sólo 3 con una agencia OPDF (organización privada de desarrollo financiero). Los municipios sin presencia financiera suman 194, con poblaciones de alrededor de 20 mil habitantes, hecho que podría dificultar hacer rentable la operación de una sucursal de una entidad financiera.

El proceso de inclusión financiera constituye un esfuerzo coordinado público-privado, que parte de un buen diagnóstico que tome en cuenta la realidad del país. Honduras ha avanzado en el diseño e implementación de una Política de Inclusión Financiera. La relevancia de una política pública es tratada en un excelente estudio titulado Inclusión financiera y el desarrollo: Pruebas recientes de su impacto, del CGAP (por Robert Cull, Tilman Ehrbeck y Nina Holle, 2014) en el que se concluye que los procesos de inclusión financiera han impactado positivamente en los hogares más pobres, específicamente en su vida cotidiana y su actividad económica; a nivel macroeconómico, mejorando el crecimiento y el empleo, a la vez que ha contribuido a mejorar la eficacia y eficiencia de los pagos del gobierno de transferencias netas de protección social, reduciendo significativamente los costos de transacción y aumentando su alcance.

De la información observada surgen retos que plantean la necesidad de profundizar este camino. Por parte del Estado, como mínimo, a nivel social, se debe avanzar en procesos de educación financiera empezando desde una planificación nacional coordinada; fortaleciendo la institucionalidad legal de forma innovadora, definiendo una carga regulatoria adecuada (incentivos tributarios a cuentas de bajo valor); avanzar en promover eficientemente la cobertura geográfica de las sucursales, agentes no bancarios, registros de calidad de deudores que permite contar con bases de datos centralizadas de carácter nacional, que proporcionan información actualizada sobre el monto de las obligaciones de las personas, situación y comportamiento de pago, lo que conlleva reducir costos de información y riesgos de incobrabilidad. Por parte del sector privado: mejorar eficiencias para reducir costos de mantenimiento de cuentas de depósitos o ahorros en las instituciones financieras.

El regulador debe mantener un adecuado, innovador y proactivo balance entre inclusión y estabilidad financiera, que facilite las innovaciones, el desarrollo de canales y controle los riesgos y la solvencia de las instituciones. Así, en el ámbito de la supervisión, si bien se aplican los mismos principios a todas las instituciones financieras, su responsabilidad principal es con los depósitos/socios y su función social, por lo que ellas deben ser supervisadas por el riesgo, y una herramienta como el balance social. El regulador, en casos como el hondureño, para promover el aporte a la inclusión financiera podría avanzar en:

- Normatividad que se enfoque en el producto, adelantos e innovaciones del mercado, introducción de nuevos productos (dinero móvil, banca móvil, mejoras en normas de agentes no bancarios, otorgamiento de microcréditos, cuenta de bajo valor);

- Flexibilidad, tener en cuenta que los prestatarios de los sectores excluidos financieramente tienen alto grado de informalidad, por tanto se debe tener coherencia entre volumen y complejidad de operaciones con la gestión de riesgos; el riesgo mayor de colocar crédito en estos sectores se mitiga por el uso de metodologías crediticias estandarizadas, intensivas en recursos humanos, de alto grado de interacción con el cliente;

- Prudencia: gobierno cooperativo y corporativo, aplicación de políticas de transparencia de la información y atención a reclamos.

Los datos antes revisados plantean que en Honduras la rentabilidad en zonas rurales y urbanas alejadas podría tener algunas debilidades, por lo cual para que la inclusión financiera sea impulsada, a más de las reformas normativas, sería adecuado llevar adelante estímulos a los intermediarios financieros para que éstos adopten más rápidamente productos o metodologías para atender a nuevos segmentos de la población. Así, pueden ofrecerse incentivos mediante fondos concursables y cofinanciados en forma de asistencias técnicas, que se orienten a fortalecer instituciones que han realizado importantes trabajos en lo local o transferir conocimientos acerca de la forma para implementar productos o canales novedosos, adecuados a la atención de estos segmentos de la población (cooperativas, OPDFs). A la vez  programas de asistencia técnica para bancos comerciales o financieras para que adopten metodologías de microcrédito; o para microfinancieras para que desarrollen productos adecuados al sector rural y agrícola de Honduras. Esquemas de cofinanciación por medio de los cuales el gobierno comparte los costos de desarrollar innovaciones, en canales o en productos, a los intermediarios que desarrollen productos nuevos o inciertos en zonas no incluidas, rurales y urbanas de Honduras, en municipios que no cuentan con presencia del sistema financiero.

Es por ello que una política de inclusión financiera requiere de un esfuerzo conjunto del sector público y del sector privado, en acuerdo con indicadores de seguimiento para que tal política sea evaluada de forma transparente.

Bibliografía

- De la definición de la política a la práctica: haciendo inclusión financiera. Nuevo eje estratégico del Banco Central del Ecuador, Ruth Arregui, Rosa Matilde Guerrero, Kurt Focke y otros, BCE, 2012
- Boletín Microfinanciero de Centroamérica y el Caribe, Redcamif, 2012
- Distribución de Clientes y Carteras, Redmicroh, marzo 2012
- Mantener la competitividad: ¿Qué se requiere para seguir vigentes en el contexto actual de las microfinanzas? Urmi Sengupta (Enclude), Diana Dezso (Red SEEP), octubre 2013
- Boletines Estadísticos CNBS
- Información Estadística Facach

Sobre las autoras

Rosa Matilde Guerrero es presidente de Finanzas y Cooperativas.COOP, además de representante para América Latina de la Universidad de Alcalá de Henares.
Ruth Arregui Solanos es gerente general de Finanzas y Cooperativas.COOP.
Ana Cristina Pereira es directora de Economia y Finanzas en FUNDEMOS Consultores

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