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| Co-autora de este artículo Ruth Arregui durante la reciente conferencia centroamericana y del Caribe de microfinanzas en Punta Cana. Una política de inclusión financiera en Honduras, bajo análisis. |
(Por Rosa Matilde Guerrero, Ruth Arregui Solanos y Ana
Cristina Pereira, para Mundo Microfinanzas) Entendemos por inclusión financiera
a los procesos que buscan mejorar el acceso de la
población de los quintiles de menores ingresos (fundamentalmente mujeres y
jóvenes) y el uso de los servicios financieros (medios de pago, ahorro y crédito).
De acuerdo al Informe de Competitividad Global 2013 -2014, del Foro Económico Mundial, pese a los
avances logrados, Honduras tiene algunas tareas pendientes que realizar en términos de disponibilidad de los servicios
financieros y facilidad de acceso al crédito.
De la misma manera, conforme a los datos de la encuesta Global Findex 2011, en
Honduras existe trabajo por hacer en cuanto a acceso (porcentaje de la
población mayor a 15 años con una cuenta en una institución financiera formal: Honduras
22%, promedio de América Latina 39%) y uso (porcentaje de la población adulta
con algún tipo de cuenta de depósito o ahorro: Honduras 9%, promedio de
América Latina 10%).
Según
información de la red de microfinancieras (Redmicroh), la distribución de la cartera
de préstamos del sistema financiero hondureño, al 31 de Marzo 2012, supera los 168,1 millones de
lempiras, de los cuales el 89% corresponde al sistema bancario representado por
la Ahiba, el 6,3% a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Facach),
el 2.8% a Redmicroh y el 1,6% a las sociedades financieras.
Con datos a 2012, a partir
de analizar información estadística disponible en la CNBS, Facach, Redmicroh y
otras fuentes, se obtuvo que en términos de cobertura física sólo el 48% del
total de municipios, esto es 104 municipios, tiene presencia de algún tipo de
intermediario financiero; en 46 de ellos existe presencia de un solo tipo de
intermediario financiero; en 31 municipios sólo presencia de bancos; en otros
13 municipios sólo cooperativas de ahorro y crédito y sólo 3 con una agencia OPDF (organización privada de desarrollo financiero). Los municipios sin presencia financiera suman 194, con poblaciones de
alrededor de 20 mil habitantes, hecho que podría dificultar hacer rentable la
operación de una sucursal de una entidad financiera.
El proceso de inclusión financiera constituye un esfuerzo
coordinado público-privado, que parte de un buen diagnóstico que tome en cuenta la realidad del país. Honduras ha
avanzado en el diseño e implementación de una Política de Inclusión Financiera.
La relevancia de una
política pública es tratada en un excelente estudio titulado Inclusión financiera y el desarrollo: Pruebas recientes de su impacto, del CGAP (por Robert Cull, Tilman Ehrbeck y Nina Holle, 2014) en el
que se concluye que los procesos de inclusión financiera han impactado
positivamente en los hogares más pobres, específicamente en su vida cotidiana y
su actividad económica; a nivel macroeconómico, mejorando el crecimiento y el
empleo, a la vez que ha contribuido a mejorar la eficacia y eficiencia de los
pagos del gobierno de transferencias netas de protección social, reduciendo
significativamente los costos de transacción y aumentando su alcance.
De la información observada surgen retos que plantean
la necesidad de profundizar este camino. Por parte del Estado, como mínimo, a nivel social, se
debe avanzar en procesos de educación financiera empezando desde una
planificación nacional coordinada; fortaleciendo la institucionalidad legal de
forma innovadora, definiendo una carga regulatoria adecuada (incentivos
tributarios a cuentas de bajo valor); avanzar en promover eficientemente la
cobertura geográfica de las sucursales, agentes no bancarios, registros de
calidad de deudores que permite contar con bases de datos
centralizadas de carácter nacional, que proporcionan información actualizada
sobre el monto de las obligaciones de las personas, situación y comportamiento
de pago, lo que conlleva reducir costos de información y riesgos de
incobrabilidad. Por parte del sector
privado: mejorar eficiencias para reducir costos de mantenimiento de cuentas de
depósitos o ahorros en las instituciones financieras.
El regulador debe mantener un adecuado, innovador y
proactivo balance entre inclusión y estabilidad financiera, que facilite las
innovaciones, el desarrollo de canales y controle los riesgos y la solvencia de
las instituciones. Así, en el ámbito de la supervisión, si bien se aplican los
mismos principios a todas las instituciones financieras, su responsabilidad
principal es con los depósitos/socios y su función social, por lo que ellas deben ser supervisadas por el
riesgo, y una herramienta como el balance social. El regulador, en casos como el hondureño, para promover el
aporte a la inclusión financiera podría avanzar en:
- Normatividad que se enfoque en el producto, adelantos e innovaciones del
mercado, introducción de nuevos productos (dinero móvil, banca móvil, mejoras
en normas de agentes no bancarios, otorgamiento de microcréditos, cuenta de
bajo valor);
- Flexibilidad, tener en cuenta que los prestatarios de los sectores excluidos
financieramente tienen alto grado de informalidad, por tanto se debe tener coherencia
entre volumen y complejidad de operaciones con la gestión de riesgos; el
riesgo mayor de colocar crédito en estos sectores se mitiga por el uso de
metodologías crediticias estandarizadas, intensivas en recursos humanos, de
alto grado de interacción con el cliente;
-
Prudencia: gobierno
cooperativo y corporativo, aplicación de políticas de transparencia de la información y atención
a reclamos.
Los datos antes revisados
plantean que en Honduras la rentabilidad en zonas rurales y urbanas alejadas podría
tener algunas debilidades, por lo cual para que la inclusión financiera sea
impulsada, a más de las reformas normativas, sería adecuado llevar adelante estímulos
a los intermediarios financieros para que éstos adopten más rápidamente
productos o metodologías para atender a nuevos segmentos de la población. Así,
pueden ofrecerse incentivos mediante fondos concursables y cofinanciados en forma
de asistencias técnicas, que se orienten a fortalecer instituciones que han
realizado importantes trabajos en lo local o transferir conocimientos acerca de
la forma para implementar productos o canales novedosos, adecuados a la atención
de estos segmentos de la población (cooperativas, OPDFs). A la vez programas de asistencia técnica para bancos
comerciales o financieras para que adopten metodologías de microcrédito; o para
microfinancieras para que desarrollen productos adecuados al sector rural y
agrícola de Honduras. Esquemas de cofinanciación por medio de los cuales el gobierno
comparte los costos de desarrollar innovaciones, en canales o en productos, a
los intermediarios que desarrollen productos nuevos o inciertos en zonas no
incluidas, rurales y urbanas de Honduras, en municipios que no cuentan con
presencia del sistema financiero.
Es por ello que una política
de inclusión financiera requiere de un esfuerzo conjunto del sector público y
del sector privado, en acuerdo con indicadores de seguimiento para que tal política
sea evaluada de forma transparente.
Bibliografía
- De la definición de la política
a la práctica: haciendo inclusión financiera. Nuevo eje estratégico del Banco
Central del Ecuador, Ruth Arregui, Rosa Matilde Guerrero, Kurt Focke y otros,
BCE, 2012
- Boletín
Microfinanciero de Centroamérica y el Caribe, Redcamif, 2012
- Mantener la competitividad: ¿Qué
se requiere para seguir vigentes en el contexto actual de las microfinanzas? Urmi
Sengupta (Enclude), Diana Dezso (Red SEEP), octubre 2013
- Boletines Estadísticos
CNBS
- Información Estadística Facach
Sobre las autoras
Rosa
Matilde Guerrero es presidente
de Finanzas y Cooperativas.COOP, además de representante para América Latina de
la Universidad de Alcalá de Henares.
Ruth
Arregui Solanos es gerente
general de Finanzas y Cooperativas.COOP.
Ana Cristina Pereira es directora de Economia
y Finanzas en FUNDEMOS Consultores
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