Tensión en microfinanzas de Nicaragua: cronología de un conflicto

(Mundo Microfinanzas) 22 de junio: Más de mil pequeños productores, comerciantes y asalariados de los departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí, en el centro-norte del país, bloquean la ruta Panamericana en el punto denominado “Empalme de Yalagüina”, a 228 kilómetros de Managua. Reclaman una reestructuración de la deuda que mantienen con las microfinancieras, que permita sacar adelante las producciones. Los créditos impagos rondan los 15 mil córdobas cada uno (poco más de 770 dólares).

Alfredo Alaniz

23 de junio: El conflicto se extiende a los departamentos norteños de Jinotega y Matagalpa. Una coordinadora de productores pide en conferencia de prensa la intervención del gobierno de Nicaragua y de la Asamblea Nacional. Anuncia que si al 1º de julio no se logra reestructurar la deuda con microfinancieras -estimada en unos US$ 33 millones- iniciarán medidas de fuerza y bloqueos de rutas. La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) sostiene, a través del directivo Armando García, que está dispuesta a reestructurar deudas pero atendiendo caso por caso, no de manera global, con productores que hayan sufrido problemas comprobables (fundamentalmente climáticos) como para incurrir en mora.

24 de junio. Se recalienta la situación en el departamento de Nueva Segovia -fronteriza con Honduras, zona de importantes cafetales- donde algunos productores promueven el “no pago” contra las microfinancieras ProCredit, Financiera Nicaragüense de Desarrollo (Findesa), Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia (Fundenuse), Acodep, Fundeser y algunas cooperativas de ahorro y crédito. Omar González Vílchez, coordinador del Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de las Segovias (MPCS) y ex alcalde sandinista de Jalapa, plantea que hay familias ahogadas económicamente, que arrastran problemas financieros desde que fueron afectadas por el paso del huracán Mitch, en 1998.

2 de julio. Fracasa diálogo entre representantes de productores y microfinancieras en Yalagüina. Intervienen los dirigentes sandinistas de la región, César Castellanos y Nery Nelson Lazo, y el representante de la Unión Nicaragüense de Cafetaleros, Amílcar Navarro. En Estelí, las microfinancieras se mantienen con fuertes medidas de seguridad.

5 de julio. Se alcanzan los primeros acuerdos de reestructuración con más de mil productores de Nueva Segovia, refinanciando deudas a cinco años, con uno más de gracia. Se estipula bajar tasas de interés de un 25 a un 21,78 por ciento anual. El diputado Castellanos actúa como mediador en estos acuerdos.

12 de julio. El presidente Daniel Ortega exhorta a los “enjaranados” (deudores) a “protestar frente a las oficinas de los usureros”. “Han hecho bien en protestar en contra de los usureros, pero en vez de estar en las carreteras protesten y plántense frente a las oficinas. Nosotros los apoyamos”, arengó el líder sandinista en un acto en Jalapa.

14 de julio. Comienza la semana más tensa del conflicto. Asomif denuncia que miembros del MPCS han secuestrado, durante cinco horas, a personal de Fundenuse en Jalapa. Afirma que los empleados de la microfinanciera sufrieron “amenazas de fuerza e intenciones de obligarlos a firmar un nuevo acuerdo”. La institución denuncia también hostigamiento sobre sucursales de Acodep y Fundeser.

15 de julio. Asomif difunde un comunicado mediante el cual expresa “sorpresa y preocupación” por las declaraciones del presidente Ortega, instando a dirigentes del MPCS a cumplir con los acuerdos y al gobierno “a que contribuya con un ambiente de paz y tranquilidad”. Se dispone el cierre preventivo de microfinancieras en Jalapa. Los cierres ponen en peligro el inicio de la cosecha de frijoles de postrera, a punto de iniciarse. El representante del Banco Mundial en Nicaragua, Joseph Owen, pide apoyar a las microfinancieras por la labor que vienen realizando para el desarrollo de las zonas rurales del país.

16 de julio. El cierre temporal de microfinancieras se mantiene en Jalapa y se extiende a Ocotal -cabecera del departamento Nueva Segovia- y Quilaí, por supuestas amenazas y presiones del movimiento de productores de la región. Cierran sus puertas al público entidades miembros de Asomif (Fundenuse, Asodenic y Acodep, entre otras) y sucursales bancarias de Findesa y Procredit. Vílchez reclama tasas del 8 por ciento. Emigdio Lola, gerente general de Fundenuse, sostiene que las tasas no pueden ser menores al 21,78 por ciento acordado. En un clima de gran tensión, ambas partes se acusan de causar rompimiento e incumplimiento de acuerdos previos.

17 de julio. El dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores, Gustavo Porras, y el economista y sociólogo Orlando Núñez, critican los altos intereses que cobran las microfinancieras y respaldan al presidente Ortega. El director ejecutivo de Asomif, Alfredo Alaniz, declara que microfinancieras de los municipios de Ocotal y Jalapa contemplan la posibilidad de cerrar totalmente sus operaciones en Nueva Segovia, si persiste la ocupación de instalaciones por parte de productores endeudados. Asomif solicita al asesor de Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, una reunión para buscar soluciones a corto plazo del conflicto.

18 de julio. Arce y miembros de Asomif se reúnen en Managua. Según Alaniz, “le planteamos la preocupación alrededor del discurso del presidente Ortega. Fue una reunión positiva. Él conoce bien el tema de las tasas de interés”. Arce propone una reunión entre Ortega y Asomif (que aún no ha tenido lugar). Sumando un nuevo elemento a la discusión, Asomif demanda al gobierno que reduzca las tasas que las instituciones del Estado cobran a los fondos que se destinan a microfinancieras. Se refiere a Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI) y Fondo de Crédito Rural (FCR), que actúan como bancos de segundo piso, cobrando tasas que rondan del 10 al 11 por ciento anual. A eso hay que agregarle costos de operación que deben cubrir las microfinancieras, que por su naturaleza atienden a clientes en lugares remotos y económicamente desfavorables, explica Alaniz.

22 de julio. Agricultores y comerciantes de Ocotal se enfrentan con la policía, con un saldo de cinco heridos. Los agentes usan gases lacrimógenos para desalojar a un centenar de deudores que mantenían ocupada una de las microfinancieras. Alaniz explica que bajar la tasa de interés al 8 por ciento y ampliar el plazo de las deudas a 20 años es imposible: “Ningún comerciante vende por debajo de sus costos. Si a ese costo financiero le agregamos el administrativo, no hay forma de cobrar esa tasa”.

23 de julio. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) condenan hechos de violencia en Nueva Segovia y respaldan a microfinancieras. Se mantienen trabadas las negociaciones en Ocotal entre representantes oficiales, miembros del MPCS y directivos de Fundenuse, entidad donde parecen concentrarse los hostigamientos.

31 de julio. Señales de distensión. Tras una semana de enfrentamientos entre campesinos y policías en Ocotal, las posiciones comienzan a flexibilizarse. Fundenuse propone cobrar un interés del 21 por ciento para 101 clientes que se mantienen en protesta, perdonando intereses moratorios y no cobrando ninguna comisión. Se reanuda la atención en filiales de Ocotal y Jalapa para permitir el cobro de créditos.