(Mundo
Microfinanzas) El foro Lecciones Aprendidas y Perspectivas de la Política de Inclusión Financiera, organizado por el Banco Central del Ecuador (BCE) del 29
de noviembre al 1º de diciembre pasados en Quito, con apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones
(Fomin), se cerró con una serie de exposiciones sobre experiencias de abordaje
de la inclusión financiera a nivel de intervenciones macro, meso y micro en
América Latina.
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| Tania Sagastume (foto: Redcamif) |
La dinámica
consistió en una serie de ponencias, organizada en dos bloques, que propusieron
enfoques orientados a la expansión de las fronteras de acceso a los servicios y
productos financieros desde lo normativo-regulatorio, desde el diseño de una
arquitectura financiera y protección al consumidor y desde la creación de
dispositivos que apoyen a los intermediarios. La moderación de los paneles, en
ambas secciones, estuvo a cargo del especialista senior del Fomin, Fermín
Vivanco.
Roberto Salazar,
de la firma ecuatoriana Hexagon Consultores, comenzó comentando algunos resultados
del programa del BCE de promoción de un canal alternativo de distribución de
remesas para pequeños intermediarios financieros, con financiamiento del BID.
El programa ha permitido incrementar un 33% el número de receptores de remesas
nuevos en cooperativas de ahorro y crédito reguladas y no reguladas, un 22% el
número de cuentas bancarias nuevas y un 29% de remesas recibidas en zonas
rurales vía Sistema Nacional de Pagos (SNP). Con el sistema, los familiares de
migrantes ya no necesitan hacer grandes distancias sino que pueden acceder a
los pagos en todo cantón y parroquia donde exista una cooperativa, pequeña caja
de ahorro o banco comunal.
Giovanny Cardoso,
director de la Corporación de Finanzas Populares del Ecuador, expuso los logros
del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía
Solidaria (Pnfpees), orientado a zonas rurales y de mayor pobreza. Dijo que la institucionalización
de un tercer actor de la economía (además del público y el comercial) ha
permitido poner de manifiesto una cantidad de sujetos económicos hasta entonces
no visibilizados en el país, con un nuevo paradigma en la relación entre la
institución y el cliente, donde prevalecen los sentidos de pertenencia y
participación. Estas organizaciones son anticíclicas pues se activan en tiempos
de crisis, “al revés de lo que son las finanzas convencionales, donde la oferta
financiera acompaña los ciclos de expansión y se retira cuando hay crisis”, explicó
Cardoso.
Posteriormente
Wily Escobedo, director de Acceso a Servicios Financieros de la Development
Alternatives Inc (DAI, organización global que en América Latina tiene sede en
México), habló sobre el potencial transformador de la tecnología digital en las
comunicaciones y la información para integrar a millones de personas bajo el
techo de la inclusión financiera. El ex gerente de la Caja Arequipa, en Perú,
destacó los avances de la política de inclusión financiera del BCE, a través
del fortalecimiento de actores de la economía popular y solidaria ecuatorianos
y de novedosos programas como la Red de Redes, y sostuvo que el reto es
construir una estrategia comercial y un modelo de negocio que permita incluir a
partir del uso de banca móvil u otros dispositivos, segmentando el mercado
según los ingresos de los clientes por uso del móvil (pagos, recargas, cash-in,
cash-out), con productos y servicios eficientes, baratos, escalables y
continuos.
Javier Vaca,
director ejecutivo de la Red Financiera Rural (RFR), del Ecuador, preparó una
exposición sobre la participación de los actores financieros del país en la
parte del mercado donde se podría hablar de inclusión (microcréditos, créditos
de bajo monto promedio). Allí sobresale el lugar que ocupan las cooperativas de
ahorro y crédito, tanto las reguladas por la SBS como no reguladas. Luego
aportó algunos indicadores, sobre una muestra de 56 cooperativas, que señalan
un crecimiento sostenido de activos, pasivos y patrimonio desde septiembre de 2010
a septiembre de 2012, una disminución de gastos operacionales y de personal
como porcentaje del total de activos, en el mismo período, y planteó algunos
retos hacia futuro: avanzar en el cumplimiento de estándares de supervisión en
cooperativas hasta ahora no supervisadas, lograr escala de negocio para las
cooperativas más pequeñas y mejoramiento de la gobernabilidad, entre otros.
El primer
segmento del debate fue cerrado por Oscar Guzmán, director del Consejo Mundial
de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), en Colombia, quien enfatizó la
necesidad de programas de inclusión financiera que se sustenten en base al
ahorro y la educación financiera: “El ahorro empodera a las personas; el
crédito las hace dependientes”, dijo el dirigente cooperativista. Guzmán estableció
una serie de semejanzas y diferencias entre bancos y cooperativas en Colombia,
entidades que en los últimos años han avanzado en el segmento del microcrédito,
tradicionalmente en manos de ONGs. Dijo que las cooperativas llegan con más
facilidad a zonas rurales donde hay mayor necesidad de servicios; los bancos
tienen una estrategia de ampliación de cobertura a través de corresponsables no
bancarios, mientras que las cooperativas todavía no han incursionado en
tecnologías de inclusión financiera (y las ONGs están muy lejos, con tendencia
a transformarse en otro tipo de entidades).
Segundo
bloque
El segundo
segmento de la discusión fue abierto por Paciente Vásquez, gerente general de la
cooperativa Jardín Azuayo, con presencia en cinco provincias del sur del
Ecuador, quien resaltó el rol “incluyente por naturaleza” de las cooperativas.
Él dijo que el elemento que más dinamiza a la institución es el sentido de
pertenencia de sus trabajadores, la conciencia austera del gasto y la
contribución al desarrollo de las comunidades. “Hemos vivido del boca a boca”,
dijo en relación a la confianza interpersonal y respeto en el trato hacia los
socios, sin necesidad de recurrir a estridencias comunicacionales. El directivo
propuso que la regulación sea una camino de discusión con los regulados y pidió
al BCE agilizar el proyecto de billetera electrónica (la cooperativa ya cuenta
en sus depósitos con dispositivos POS listos para su utilización, dijo
Vásquez).
A
continuación, la superintendente de Valores y Otras Instituciones de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS), Tania Sagastume, ofreció
un abordaje amplio y comprehensivo de la inclusión financiera. La situación
hondureña, respecto al conjunto de la región centroamericana y República
Dominicana, exhibe algún retraso, según dijo Sagastume: cuarto lugar en número
de cuentas por cada mil adultos, quinto lugar en número de créditos por cada
mil adultos y último lugar en número de ATMs por cada 1.000 km2. Sin embargo,
ella dijo que las limitaciones que surgen de este diagnóstico ofrecen una
oportunidad. Honduras ha diseñado una política pública de inclusión financiera,
todavía en calidad de borrador pero con la expectativa de comenzar a ser aplicada
a partir de 2013. Aún resta avanzar en una ley de cooperativas que fortalezca
el ingreso de estas entidades al SNP y está en ejecución una campaña de
educación financiera y marco legal para la transparencia y la defensa del
consumidor.
A su turno,
la presidenta de la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas
(Redcamif), Jacoba Rodríguez Chirú, hizo una defensa de las políticas
integrales articuladas de inclusión financiera, con hincapié en los programas
de educación financiera. La ejecutiva panameña destacó el rol de las instituciones
financieras en la educación de los clientes y expresó la necesidad de que las
IMFs se comprometan en transformar el comportamiento tradicionalmente pasivo
del beneficiario en un sujeto más proactivo y con motivación para el ahorro
frecuente. Redcamif -organización que integra a 124 IMFs afiliadas en siete
países- impulsará a partir de enero de 2013 un programa piloto de educación
financiera, que buscará llegar a más de 20 mil clientes de bajos ingresos en
América Central y República Dominicana (50% mujeres), adiestrándolos en administración
de presupuestos y toma de decisiones sobre el uso de recursos financieros.
Verónica
Albarracín, gerente general de la cooperativa ecuatoriana Maquita Cushunchic, señaló
la necesidad de sumar esfuerzos por una reducción de las tasas de interés. Para
ello, Albarracín propuso a los privados trabajar por una disminución de costos
de fondeo, de provisiones y de operaciones. Y al sector público la facilitación
de switch transaccionales y una reducción de costos de fondeo (CFN, finanzas populares y solidarias), entre otros acciones.
Ella dijo que la inclusión financiera tiene que ser de calidad y planteó el
desafío de ir más allá de los servicios financieros y atender cuestiones como
la salud de los clientes, “uno de los factores más importantes que impactan en
la morosidad”.
La serie de
presentaciones fue cerrada por Francisco Demichelis, especialista en Mercados
Financieros del BID, en Asunción, quien explicó la estrategia de apoyo del
banco al programa de inclusión financiera en Ecuador. En el plano de
intervención micro destacó el mecanismo de fondos concursables de incentivos a
intermediarios, con la idea de aumentar la capilaridad financiera
fundamentalmente hacia áreas rurales del país. También mencionó el
fortalecimiento del SNP y el mejoramiento a nivel de transacciones en línea (respondiendo
al requerimiento de Vásquez, pidió paciencia por los tiempos del respectivo
proceso licitatorio).
Como broche
final del panel y del evento, la gerente general del BCE, Ruth Arregui Solano, agradeció todos los aportes, observaciones y aún críticas de panelistas y participantes del foro.
Dijo, en relación con Jardín Azuayo, que la
billetera móvil es uno de los puntos salientes del programa de inclusión
financiera, que se están realizando pruebas de conectividad a nivel de
ventanillas y que ha representado todo un desafío construir la Red de Redes. La
ejecutiva destacó la incidencia del BCE en la preservación del historial
crediticio de los burós -sustituidos recientemente por ley por un registro público de información de
crédito- y en la nueva metodología de cálculo de
tasas de interés, que recoge buenas prácticas internacionales. Y realzó el
papel del banco en la institucionalización de un código financiero -pendiente desde
la dolarización- así como su compromiso con un proyecto de desarrollo nacional.
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